Según expresó, la normativa anterior respondía a “un contexto económico, político y productivo totalmente distinto al que hay ahora”, y sostuvo que la modernización laboral contribuirá a combatir la informalidad y a fomentar el crecimiento de las pymes. En ese sentido, señaló que “el tema de contratar a un empleado era un riesgo” bajo el esquema previo, tanto para las empresas como para las inversiones.
Tomé aseguró que la reforma “no quita derechos, sino que actualiza según la dinámica empresarial, la situación económica, política actual” y consideró que generará mayor consenso entre las partes. También vinculó la iniciativa con la posibilidad de incrementar el empleo registrado, garantizando estabilidad laboral, obra social y aportes jubilatorios.
En relación a las críticas, sostuvo que existen “opiniones divergentes” y cuestionó que algunos medios “en vez de informar, desinforman y generan una opinión no basada en hechos”. Además, planteó que existía una “industria del juicio laboral” que afectaba a las empresas y ejemplificó que “empresa de 100 personas por dos personas terminaban perdiendo 97 personas”.
La legisladora remarcó que la reforma debe articularse con políticas provinciales y municipales. Mencionó, entre otros factores, la carga de ingresos brutos y el costo de alquileres, al señalar que un local en el centro puede consumir “un 65% si no más de todos sus ingresos”.
De cara a la instancia en el Senado, se mostró optimista respecto a la aprobación definitiva. Argumentó que la reforma apunta a mejorar las condiciones laborales y a fortalecer el sistema previsional. “Se necesitan cuatro empleados y medio para mantener un jubilado. Lo que hay ahora son 2,3 por cada jubilado, entonces hay un desfasaje”, explicó.
Finalmente, vinculó la generación de empleo con una mejora en la calidad de servicios y productos, y sostuvo que el camino propuesto puede traducirse en “una mejor calidad de vida” si se mantiene el rumbo.