La Cámara de Diputados aprobó este jueves el Régimen Penal Juvenil impulsado por el Gobierno nacional, que propone reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La iniciativa obtuvo 149 votos afirmativos y 100 negativos, y ahora deberá ser tratada por el Senado, posiblemente el 26 de febrero.
El proyecto reemplaza el Régimen de Minoridad vigente desde 1980 y constituye una de las principales reformas penales de la gestión del presidente Javier Milei. La sesión se desarrolló en un clima marcado por la presencia de familiares de víctimas en los palcos y manifestaciones en las inmediaciones del Congreso.
La Libertad Avanza consiguió el respaldo de la UCR, el PRO, bloques provinciales e Innovación Federal. En contra votaron Unión por la Patria y el Frente de Izquierda.
Qué cambia con la nueva ley
El texto establece penas máximas de hasta 15 años para adolescentes imputados, con posibilidad de libertad condicional al cumplir dos tercios de la condena. En casos con penas de hasta 3 años, se prevén sanciones alternativas como amonestaciones, tareas comunitarias y restricciones de contacto con la víctima.
El proyecto señala como objetivo “fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social”. También contempla instancias de mediación y medidas de protección para las víctimas.
Por impulso de la Coalición Cívica, se modificaron artículos para garantizar que los menores no sean alojados en establecimientos junto a adultos. Además, se eliminó la posibilidad de que la querella intervenga en procesos a prueba, atribución que quedará en manos del Ministerio Público Fiscal.
Presupuesto y convenios con provincias
Uno de los puntos centrales es la asignación presupuestaria de $23.739.155.303 para la puesta en marcha del régimen. Más de $20.000 millones estarán destinados a la Defensoría General de la Nación, mientras que más de $3.000 millones irán al Ministerio de Justicia para la designación de “supervisores” especializados.
Estos profesionales deberán contar con formación en educación, psicología, adicciones y trabajo social, y tendrán a cargo el seguimiento semanal de los adolescentes imputados.
El texto también habilita la firma de convenios entre Nación y provincias para financiar traslados, alojamientos y adecuación de infraestructura. El plazo de implementación previsto es de 180 días.
Según datos del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, en Argentina existen 100 establecimientos especializados en el Sistema Penal Juvenil. Buenos Aires concentra 37 y Santa Fe 10, mientras que 17 provincias tienen tres o menos unidades, y Tierra del Fuego no cuenta con ninguna.
Con media sanción en Diputados, el Régimen Penal Juvenil entra ahora en una etapa clave en el Senado, donde se definirá si la reforma avanza y se convierte en ley.