En el escrito, los legisladores remarcaron que el decreto viola el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional, al no existir razones de urgencia que justifiquen su dictado, y además incluye materias penales y procesales que están expresamente vedadas. “De aprobarse este DNU estaremos ante un Estado que observará al ciudadano como a un sospechoso, cuando así convenga al organismo o lo decidan las autoridades del momento”, advirtieron.
Los opositores señalaron que la norma constituye un abuso de poder y una desviación de las funciones republicanas, al concentrar en un solo organismo las tareas de seguridad interior e inteligencia estratégica. Según explicaron, esa fusión podría derivar en que se aplique inteligencia de guerra contra ciudadanos comunes, periodistas o dirigentes políticos, lo que consideran la antesala de un “Estado policial”.
También recordaron que semanas antes, a través del DNU 849/2025, el Ejecutivo había asignado $26.118 millones en partidas secretas a la SIDE, mientras se reducían fondos destinados a áreas sensibles. Para los diputados, esa decisión es un antecedente que muestra la discrecionalidad con la que se pretende manejar el sistema de inteligencia.
El recurso de amparo solicita además una medida cautelar para suspender de inmediato los efectos del decreto y evitar que se ejecuten disposiciones que habilitan a agentes de inteligencia a realizar aprehensiones de ciudadanos sin intervención judicial.
Con información de: Parlamentario