Los cuestionamientos se conocieron este jueves 1 de enero, tras la difusión oficial del decreto, que introduce cambios sustanciales en la Ley de Inteligencia Nacional. Entre los puntos más controvertidos, el DNU habilita a la SIDE a aprehender personas en situaciones de flagrancia y califica todas sus actividades como “encubiertas”.
Según expresaron dirigentes opositores, estas disposiciones configuran un escenario de concentración de poder y reducen los mecanismos de control institucional sobre el sistema de inteligencia.
Críticas del kirchnerismo y advertencias institucionales
Desde el kirchnerismo, el diputado nacional Leopoldo Moreau sostuvo que la reforma “clausura la conducción civil de la inteligencia” y afirmó que el decreto crea, en los hechos, una “policía secreta”. En esa línea, advirtió que el nuevo marco legal habilita prácticas incompatibles con el sistema democrático.
El exministro de Defensa Jorge Taiana también cuestionó la iniciativa y puso el foco en los cambios vinculados a la inteligencia militar. Señaló que la disolución de organismos de control civil busca reconvertir a las Fuerzas Armadas en una suerte de “Guardia Nacional” con funciones de seguridad interior, algo vedado por la legislación vigente.
Ambos dirigentes coincidieron en que una reforma de este alcance debería debatirse en el Congreso y no implementarse mediante un decreto del Poder Ejecutivo.
Señalamientos de la UCR, el socialismo y la Coalición Cívica
Desde otros espacios opositores, las críticas se centraron en la amplitud y ambigüedad de las nuevas definiciones. Referentes del socialismo y de la Coalición Cívica advirtieron que el decreto habilita el “espionaje político”, al definir de manera imprecisa qué constituye una amenaza a la seguridad nacional.
El diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) reclamó el tratamiento inmediato del DNU en ambas cámaras del Congreso para avanzar en su rechazo. En la misma línea, Esteban Paulón (Socialismo) sostuvo que una reforma de “sensibilidad estratégica” no puede ser impuesta sin discusión parlamentaria ni control legislativo.
El rol del Congreso y la Comisión Bicameral
La controversia se trasladará ahora al ámbito legislativo. La Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia prevé formalizar este viernes un pedido de informes al Poder Ejecutivo para conocer el alcance real de los cambios introducidos por el DNU 941/2025.
El PRO, por el momento, mantiene una postura de cautela pública. Sin embargo, fuentes legislativas indicaron que sus representantes en la comisión bicameral ya se encuentran coordinando acciones para auditar el impacto institucional y operativo de la reforma.
El debate sobre la reforma del sistema de inteligencia abre un nuevo capítulo de tensión política y legislativa, con el control democrático, la seguridad y las libertades públicas en el centro de la discusión que se avecina en el Congreso.