El planteo fue realizado por los abogados José Magioncalda y Juan Martín Fazio, integrantes del espacio Reset Republicano, quienes sostienen que se habría utilizado personal y recursos del Estado para brindar protección a Bettina Angeletti, esposa de Adorni, por fuera de los protocolos establecidos.
Qué dice la denuncia
Según el escrito, “se habrían destinado efectivos y móviles oficiales para la cobertura de actividades personales de la pareja del funcionario, sin justificación funcional ni acto administrativo que lo respalde”.
Los denunciantes advierten que el esquema de seguridad “habría sido utilizado de manera discrecional, en horarios y ámbitos ajenos a la función pública”, lo que podría configurar un uso indebido de bienes estatales.
En ese sentido, la presentación sostiene que se habrían detectado vehículos oficiales en traslados vinculados a la vida privada, lo que “podría implicar un desvío de poder y una utilización indebida de recursos del Estado”.
Alcances legales y pedidos de investigación
La denuncia señala posibles infracciones a las normas de ética pública y plantea la eventual existencia de malversación de caudales públicos.
Además, subraya que “la custodia oficial tiene como finalidad exclusiva la protección del funcionario en razón de su cargo”, y que no puede extenderse a terceros sin una autorización formal y debidamente fundada.
En esa línea, se solicitó determinar “quién dispuso los operativos, bajo qué normativa y con qué controles”, con el objetivo de establecer responsabilidades administrativas o penales.
Episodios mencionados y respuesta pública
Entre los hechos detallados, se menciona un episodio del 29 de abril, cuando Adorni fue consultado en la Cámara de Diputados sobre el uso de custodia por parte de su esposa, incluyendo traslados para actividades personales.
Según la denuncia, ante esa consulta el funcionario no negó los hechos y respondió en términos vinculados a la privacidad de su entorno familiar.
Los denunciantes también hacen referencia a publicaciones periodísticas que reportaron el uso de custodia oficial en salidas nocturnas, incluyendo traslados a bares en horarios de madrugada.
Medidas de prueba solicitadas
La presentación ante la Oficina Anticorrupción incluye un pedido de medidas para reconstruir el uso de los recursos.
Entre ellas, se solicita el relevamiento de órdenes de servicio, registros de movilidad, planillas de afectación de personal y comunicaciones internas.
“Resulta imprescindible reconstruir la trazabilidad de los recursos asignados para verificar si existió un apartamiento de los fines públicos”, indica el documento.
La investigación ahora queda en manos del organismo, que deberá determinar si existieron irregularidades en el uso de la custodia oficial y definir los próximos pasos en un caso que suma tensión política y abre interrogantes sobre el manejo de recursos del Estado.