En una sesión cargada de tensión y cuestionamientos, la Cámara de Diputados aprobó en plena madrugada la designación de tres nuevos integrantes de la Auditoría General de la Nación (AGN), en una maniobra que generó fuertes críticas de bloques opositores y denuncias por irregularidades en el procedimiento.
La terna fue avalada con 186 votos a favor y dos abstenciones y quedó conformada por Rita Mónica Almada, en representación de La Libertad Avanza; Juan Ignacio Forlón, por el peronismo; y la ex diputada nacional salteña Pamela Calletti, por Innovación Federal. Almada y Forlón prestaron juramento de inmediato para asumir funciones en el organismo de control.
La votación se realizó cuando ya había pasado la medianoche y no figuraba en el temario de sesiones extraordinarias enviado por el presidente Javier Milei, lo que motivó que bloques como Provincias Unidas, el PRO y el Frente de Izquierda se retiraran del recinto en señal de protesta.
Según denunciaron, el oficialismo forzó el tratamiento del tema para “devolver favores políticos” en el marco de las negociaciones parlamentarias.
Desde el PRO, Cristian Ritondo calificó la maniobra como una “violación constitucional” y adelantó que el espacio presentará una apelación judicial. “La designación de auditores generales no es competencia del pleno reunido en extraordinarias si no está incluida en el temario del Poder Ejecutivo”, sostuvo el jefe del bloque amarillo.
Las críticas también llegaron desde la izquierda. Myriam Bregman acusó al oficialismo de actuar con apuro para repartir cargos y afirmó que lo ocurrido fue “bochornoso”. “Nunca vi algo más de casta que lo de recién”, remarcó la diputada, en línea con los cuestionamientos por el acuerdo entre libertarios y el kirchnerismo.
En el mismo sentido, Pablo Juliano, de Provincias Unidas, denunció que se trató de una designación “por la ventana”. “No hay un tema más fuera de agenda que nombrar a tres personas a las tres de la mañana”, afirmó, antes de abandonar el recinto junto a su bloque.
La sesión dejó expuesta una nueva controversia política en el Congreso, con acusaciones cruzadas y un acuerdo que, aunque aprobado, promete derivar en una disputa judicial y profundizar las tensiones entre el Gobierno y sectores que hasta ahora habían acompañado parte de su agenda legislativa.