Tras una sesión maratónica que se extendió hasta la madrugada, el Gobierno logró que la Cámara de Diputados otorgara media sanción al Presupuesto 2026 y al proyecto de Inocencia Fiscal, lo que representa un avance clave para la gestión de Javier Milei. Sin embargo, el oficialismo sufrió un fuerte revés político al no poder derogar las leyes de emergencia en discapacidad y de financiamiento universitario, uno de los objetivos centrales del Ejecutivo.
El Presupuesto fue aprobado en general gracias al acompañamiento de un amplio abanico de aliados, entre ellos el PRO, sectores de la UCR, bloques provinciales y diputados que responden a gobernadores dialoguistas. En contraposición, Fuerza Patria, Encuentro Federal y la izquierda votaron en contra, mientras que Provincias Unidas se abstuvo, aunque resultó clave para alcanzar el quórum al inicio de la sesión.
El punto de quiebre se produjo durante la votación en particular del artículo 75, que proponía la derogación de las leyes vinculadas a discapacidad y universidades. En ese tramo, varios aliados del Gobierno se desmarcaron y votaron en contra, lo que derivó en el rechazo del capítulo completo por 123 votos contra 117 y dos abstenciones.
De este modo, la oposición logró sostener ambas normas y dejó al oficialismo expuesto por haber intentado incluir en el mismo capítulo otros temas sensibles, como la coparticipación de fondos para la Ciudad de Buenos Aires y un aumento presupuestario para el Poder Judicial.
El Presupuesto aprobado prevé un crecimiento económico del 5%, una inflación anual del 10,1% y un dólar oficial que rondaría los $1.423 a fines de 2026. Además, el Gobierno proyecta un superávit primario del 1,5% del PBI y un superávit financiero del 0,2%. Desde la oposición cuestionaron duramente estas previsiones, al considerarlas poco realistas y subestimadas frente al escenario económico actual.
Durante el debate, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Bertie Benegas Lynch, defendió el proyecto y sostuvo que el equilibrio fiscal es un principio “moral”, mientras que desde el peronismo y otros bloques opositores advirtieron que el texto implica más ajuste, caída del consumo y un impacto negativo en el entramado productivo.
El revés legislativo abre ahora un nuevo escenario: el proyecto será girado al Senado, donde el oficialismo buscará introducir modificaciones para revertir la derrota y volver a enviarlo a Diputados. En paralelo, el debate dejó expuestas las tensiones con los bloques aliados y el costo político de las maniobras parlamentarias desplegadas para intentar sostener el polémico artículo 75.