La distribución del gasto refleja las prioridades del Gobierno de Javier Milei: los Servicios Sociales concentran la mayor partida con 106,52 billones, seguidos por el pago de la deuda pública con 14,11 billones, los Servicios Económicos con 11,45 billones, la Administración Gubernamental con 8,85 billones y los Servicios de Defensa y Seguridad con 7,11 billones.
El presupuesto también asigna 4,78 billones para el funcionamiento de las universidades nacionales, con la obligación de rendir cuentas ante la Secretaría de Educación. En el área previsional, se destinan 212,288 millones para cancelar deudas judiciales y administrativas de la ANSES, además de 122,762 millones para asistir a las cajas provinciales que no fueron transferidas al Estado nacional.
En cuanto a herramientas de financiamiento, el Ejecutivo quedó autorizado a emitir Letras del Tesoro por hasta 70 billones de valor nominal. Asimismo, se fijaron límites para el uso de crédito transitorio: 4 billones para la Tesorería General y 2,5 billones para operaciones de corto plazo.
La norma también impone restricciones en la cobertura de vacantes en la administración pública, requiriendo autorización de la Jefatura de Gabinete para nuevos nombramientos. Se mantienen además las exenciones de impuestos y derechos de importación para vacunas y medicamentos destinados a programas sanitarios nacionales.