La Cámara Federal de Casación Penal citó a los jueces del Tribunal Oral Federal N° 7 a una reunión el próximo martes 18 de noviembre, con el objetivo de coordinar la organización del juicio por la causa Cuadernos, considerado el proceso penal más complejo y extenso en la historia reciente del fuero federal.
La decisión fue adoptada en el Acuerdo de Superintendencia celebrado este lunes, bajo la presidencia del juez Daniel Petrone e integrado por los magistrados Gustavo Hornos, Ángela Ledesma, Carlos Mahiques y Mariano Borinsky.
Según la resolución, la intención es “abordar las herramientas necesarias que se pueden adoptar desde la Cámara, para coadyuvar con la mayor eficacia, eficiencia, celeridad e inmediación del juicio”.
El juicio de los Cuadernos involucra más de 300 hechos de presunta corrupción, 87 imputados —entre exfuncionarios y empresarios— y la declaración prevista de unos 400 testigos, lo que lo convierte en un desafío inédito para el sistema judicial.
Actualmente, el debate oral se desarrolla una vez por semana y bajo un esquema mixto presencial-virtual, modalidad que, según fuentes judiciales, podría extender el proceso por varios años.
En resoluciones anteriores, la propia Casación había advertido que ese ritmo “limita el dinamismo inherente al debate oral y público” y compromete los plazos razonables del proceso.
Ante esta situación, el Consejo de la Magistratura trabaja en la habilitación de una nueva sala en Comodoro Py, con mayor capacidad y soporte técnico para transmisiones remotas, ya que las audiencias actuales requieren espacio para más de 200 personas por jornada, entre imputados, defensores, querellantes y funcionarios judiciales.
En la Corte Suprema también siguen de cerca la evolución del caso y analizan las consecuencias que una duración excesiva podría tener sobre los principios de celeridad y eficacia procesal.
Fuentes del Consejo remarcaron que “un proceso de esta magnitud no puede sostenerse con una audiencia semanal” y advirtieron sobre la necesidad de reforzar los equipos de trabajo para evitar que el juicio se convierta en “un problema estructural del sistema judicial”.