El pedido fue formulado luego de la renuncia de Espert como candidato, tras quedar involucrado en una causa judicial por presunto lavado de dinero. El oficialismo solicitó además la reimpresión de todas las boletas para retirar su imagen, pero el juez rechazó esa solicitud en primera instancia.
La resolución judicial establece que “Concédese el recurso de apelación interpuesto contra el resolutorio de fs. 452/463, en relación y al solo efecto devolutivo (cf. artículos 61 del Código Electoral Nacional y 66 de la ley 23.298). Del memorial, córrase traslado por el plazo que se establece hasta la hora 20.00 del día de la fecha, 9 de octubre de 2025”.
El trámite involucra a la Fiscalía y a las agrupaciones que se opusieron al cambio, entre ellas Fuerza Patria, Potencia, Unión Federal y representantes como Malena Galmarini y Fernando Gray. “Es un mal debut para la BUP. Si se acepta el cambio que pide La Libertad Avanza se deja un precedente muy complicado para futuras elecciones con ese sistema de votación”, advirtió una fuente judicial.
Desde el Gobierno, el ministro del Interior Lisandro Catalán afirmó que “los tiempos daban y que había fondos para costear esa tarea”, aunque reconoció que “sabíamos que nos iban a decir que no, pero no nos podíamos resignar”. En el oficialismo aseguran que “la campaña en la provincia de Buenos Aires se la va a poner al hombro Santilli y el presidente Milei”, y confían en que “la marca, con el color violeta y el sello de La Libertad Avanza, es más fuerte”.
Según informes del Ministerio del Interior y del Correo Argentino, la reimpresión de las boletas únicas de papel en la provincia de Buenos Aires tendría un costo aproximado de $12.169 millones, lo que incluye diseño, impresión y distribución en todo el distrito. Otras estimaciones elevan el monto a $15.000 millones, considerando ajustes operativos y tiempos de ejecución. En dólares, el gasto podría rondar los $12 millones, según cálculos judiciales y legislativos citados por medios nacionales.
Este desembolso se sumaría a los $43.000 millones ya invertidos en la impresión original, cifra que ascendería a $52.000 millones con impuestos incluidos, lo que generó cuestionamientos sobre quién debería asumir el costo: el Estado o la alianza política responsable del reemplazo.