En la cuarta sesión especial de la Legislatura jujeña, los diputados aprobaron el pedido del Poder Ejecutivo para designar a Alejandro Bossatt y Gonzalo De la Colina como nuevos titulares del Ministerio Público de la Acusación (MPA), luego de la renuncia del procurador Sergio Lello Sánchez y su adjunto Ignacio Pasquini, quienes dimitieron la semana pasada tras un pedido de juicio político en su contra.
El Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad (FITU) fue la única fuerza que no acompañó la designación y denunció que se busca “encubrir un pacto de impunidad” entre los bloques mayoritarios.
“Se trata de algo muy delicado considerando que no hicieron públicos los fundamentos del pedido de juicio político. Los funcionarios renunciaron apenas se conoció la denuncia, lo que hace suponer que estamos ante hechos graves”, sostuvo el diputado Gastón Remy (PTS-FITU).
Remy cuestionó además el “secretismo” con el que actuaron las principales bancadas, señalando que el proceso “resguarda a una institución muy cuestionada desde sus orígenes, vinculada a la persecución política”.
“Acá quieren hacer borrón y cuenta nueva, cuando en realidad debería investigarse a los ex funcionarios y las causas graves que involucran al organismo. Todo indica que estamos ante un pacto entre los bloques mayoritarios para colocar nuevos nombres afines a sus intereses”, advirtió.
Por su parte, la diputada Natalia Morales (PTS-FITU) también criticó el “tratamiento exprés” del juicio político, sin acceso a pruebas ni documentación.
“Esto genera sospechas y desconfianza sobre el trasfondo del caso. El MPA fue utilizado para perseguir a luchadores sociales, feministas y defensores de derechos humanos. Mientras los bloques mayoritarios quieren cerrar todo, nosotros queremos que se investiguen hechos graves, como el intento de soborno entre un obispo y una jueza para encubrir una denuncia de violación, casos de trata y corrupción con fondos recaudados por el Código Contravencional”, afirmó.
Desde el FITU plantearon la creación de una comisión investigadora independiente para seguir la denuncia de juicio político ingresada en la Legislatura, y reclamaron una “democratización profunda” del sistema judicial, que incluya la elección de jueces por voto popular, la revocabilidad de los cargos y la implementación de juicios por jurados populares.
“La Justicia no puede seguir siendo una casta intocable. Tiene que estar al servicio del pueblo y no del poder político”, concluyeron los referentes de la izquierda.