La medida tomó por sorpresa a los presentes en la sesión ordinaria de este jueves, cuando, apenas concluidas las cuestiones previas, el secretario parlamentario leyó el ingreso de las acusaciones. Acto seguido, uno de los legisladores solicitó la conformación de la Comisión Investigadora, integrada por cinco miembros: tres representantes del oficialismo y dos de la oposición.
Tras la designación, los integrantes de la comisión abandonaron inmediatamente el recinto para dirigirse a las oficinas de Lello Sánchez y comunicarle la novedad.
Movimientos en la Legislatura y fuerte operativo policial
Minutos después, y tras un cuarto intermedio, los diputados Santiago Jubert, Gisel Bravo, Adriano Morone, Facundo Figueroa Caballero (recién asumido) y Daniela Vélez se trasladaron también hasta la sede del Ministerio Público de la Acusación, ubicada en calle Alvear. Aunque no trascendieron los motivos de su presencia, lo cierto es que el lugar fue rodeado por un fuerte despliegue policial.
Móviles y efectivos de la fuerza provincial aseguraron el perímetro, bloquearon las salidas del edificio y realizaron peritajes en las camionetas oficiales utilizadas por Lello y Pasquini. El clima de tensión se instaló de inmediato, dejando en claro la magnitud política e institucional del episodio.
Denuncias bajo reserva y un trasfondo de incógnitas
Hasta el momento, no se conocen los detalles de las ocho denuncias que motivaron el proceso de juicio político. El hermetismo genera interrogantes en la ciudadanía, que reclama explicaciones sobre los fundamentos de una decisión de semejante peso institucional.
Desde distintos sectores se señala que las actuaciones del procurador y su adjunto habrían incomodado a actores políticos y económicos, lo que alimenta la percepción de que la medida trasciende lo estrictamente judicial y se inserta en una trama de disputas de poder.
Un “sheriff” acorralado
Sergio Lello Sánchez, apodado por algunos sectores como “el sheriff” por su estilo de conducción, supo consolidar un rol central dentro de la Justicia jujeña desde el primer gobierno de Gerardo Morales. Sin embargo, con la decisión adoptada en la Legislatura, quedó en una situación de claro retroceso político y judicial, acorralado por un proceso que podría derivar en su alejamiento definitivo del cargo.
Interrogantes hacia adelante
El escenario se presenta incierto: ¿cuánto impactará este proceso en la credibilidad de la política jujeña, tanto en el oficialismo como en la oposición? ¿Cuál será la reacción de la sociedad frente a un hecho que, a pocos días de las elecciones, suma un nuevo capítulo de tensión institucional?
Por ahora, lo único seguro es que Jujuy volvió a ser testigo de una maniobra política de alto voltaje, con ribetes de escándalo que recién comienzan a desplegarse.