El Senado de la Nación asestó este jueves un nuevo revés al Gobierno de Javier Milei al rechazar los vetos presidenciales a dos leyes clave: la que declara la emergencia pediátrica con el Hospital Garrahan como emblema y la que asegura fondos actualizados para las universidades públicas. Ambas iniciativas fueron insistidas con más de dos tercios de los votos, requisito constitucional para recuperar vigor.
La emergencia pediátrica obtuvo 59 votos a favor, 7 en contra y 3 abstenciones; mientras que la norma universitaria logró 58 adhesiones, 7 rechazos y 4 abstenciones. En ambas, los sectores opositores actuaron en bloque y dejaron en soledad al oficialismo, bajo la atenta mirada de la vicepresidenta Victoria Villarruel, encargada de conducir la sesión.
Qué implican las leyes
La ley de emergencia pediátrica dispone la asignación inmediata de recursos presupuestarios para insumos críticos, infraestructura, medicamentos, vacunas y personal esencial, además de una recomposición salarial para médicos, residentes y trabajadores de la salud, con piso en la inflación acumulada desde noviembre de 2023. También exime del pago de Ganancias a quienes realicen guardias y horas extras en áreas críticas. El Hospital Garrahan fue declarado centro nacional de referencia en alta complejidad infantil. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el costo fiscal hasta diciembre será de $65.573 millones.
En paralelo, la norma que blinda el financiamiento universitario obliga al Ejecutivo a actualizar los gastos de funcionamiento por inflación desde mayo a diciembre de 2024, a recomponer los salarios docentes y no docentes con aumentos remunerativos y bonificables, y a convocar paritarias obligatorias cada tres meses con cláusula de actualización mensual.
Debate caliente en el recinto
Durante la discusión, los senadores opositores cargaron contra la Casa Rosada. La catamarqueña Lucía Corpacci (Salud) advirtió que “no se puede mirar para otro lado cuando la sociedad muestra el deterioro de la atención pediátrica”. Su par Eduardo De Pedro (Educación) reforzó el reclamo por las universidades.
El peronista Guillermo Andrada aseguró que “a más vetos, más votos”, mientras que su coterráneo Pablo Bensusán denunció que “no es un debate técnico, sino político y moral”. Desde Juntos por el Cambio, Guadalupe Tagliaferri (CABA) acusó al Gobierno de “romper todos los puentes” y de ningunear incluso a sus propios aliados.
Por la UCR, Pablo Blanco remarcó que “el equilibrio fiscal debe ir de la mano de equilibrio social” y Maximiliano Abad cuestionó la demora en atender el financiamiento educativo.
Del otro lado, el jujeño Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza) acusó al kirchnerismo de “usar a los niños para hacer política” y sostuvo que el Garrahan recibió un “274% de aumento real”, aunque sin precisar cifras. También cuestionó la falta de auditorías en la UBA y denunció supuestas triangulaciones con contrataciones directas.
El próximo paso
La incógnita ahora es cómo reaccionará el Ejecutivo. El senador puntano Fernando Salino advirtió que, si el Gobierno no cumple con las leyes sancionadas, “incurrirá en incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Mientras tanto, voces como la del correntino Carlos Espínola recordaron que “en el Garrahan se atendieron más de 5.000 chicos de Corrientes en 2024” y que el financiamiento no es un asunto contable, sino vital para miles de familias.
El debate dejó claro el aislamiento parlamentario del oficialismo, la fortaleza de la oposición en el Senado y un escenario abierto: la puja entre la Casa Rosada y el Congreso por el financiamiento de áreas sensibles como la salud y la educación pública recién comienza.