La decisión del gobierno de Javier Milei de eliminar las retenciones por apenas tres días terminó convertida en un escándalo que especialistas describen como “uno de los fraudes más grandes de los últimos tiempos”. Lejos de beneficiar a productores o al conjunto del sector, la medida terminó concentrando ganancias en 12 grandes compañías agroexportadoras, que se habrían quedado con unos USD 1.500 millones.
Los periodistas Rosalía Costantino (C5N) y Matías Longoni (Bichos de Campo) revelaron cómo la maniobra fue posible gracias a un mecanismo habilitado por los funcionarios Luis Caputo y Juan Pazo: en tiempo récord, las grandes firmas registraron Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) sin tener comprada la soja, agotando el cupo y asegurándose exportaciones futuras sin pagar el impuesto del 26%.
Cuando finalmente adquieran el grano a los productores, lo harán descontando esa alícuota, apropiándose de una diferencia que nunca irá al Estado ni al campo. “Fue un afano a mano armada con el aval del propio Estado”, sentenció Longoni.
Quiénes ganaron
El reparto de los beneficios quedó concentrado en un puñado de compañías multinacionales y nacionales:
Bunge: USD 305 millones
Louis Dreyfus Company (LDC): USD 298 millones
Cofco Intl: USD 238 millones
Viterra: USD 185 millones
Cargill: USD 179 millones
Molinos: USD 106 millones
Quiénes perdieron
Los productores agropecuarios, que no alcanzaron a aprovechar la fugaz ventana de “retenciones cero”, ahora deberán vender su soja a precios descontados, beneficiando a los exportadores. El Estado argentino también queda entre los grandes perdedores: deja de recaudar USD 1.500 millones en plena política de ajuste.
La medida incluso tuvo impacto internacional: en Chicago, productores estadounidenses denunciaron que la maniobra argentina generó una baja en el precio global de la soja, afectando su comercio con China.
Con denuncias cruzadas y fuerte malestar en el sector, la medida que se presentó como un alivio al campo quedó marcada como un beneficio exclusivo para una “casta agroexportadora”, en detrimento del fisco y de los pequeños y medianos productores.