Con amplio respaldo opositor, la Cámara Baja dio media sanción a un proyecto que busca garantizar el financiamiento universitario, pese a la resistencia del oficialismo. La votación dejó al descubierto fracturas políticas y una creciente tensión entre Nación y provincias.

En una jornada de alta tensión política, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles por amplia mayoría un proyecto de ley que propone actualizar automáticamente por inflación los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales, convocar a paritarias docentes y reforzar las becas estudiantiles, entre otros puntos. El texto obtuvo 158 votos afirmativos, 75 rechazos y 5 abstenciones, aunque no alcanzó los dos tercios necesarios por apenas un voto, dejando a la oposición bien posicionada ante un posible nuevo veto presidencial.

La medida, impulsada por el radicalismo disidente nucleado en el bloque Democracia para Siempre junto al Consejo Interuniversitario Nacional, vuelve a poner en el centro del debate la financiación de la educación superior. Una ley similar fue vetada por el presidente Javier Milei en 2024, tras una masiva movilización universitaria.

Durante el debate, la diputada Danya Tavela fue contundente: “Llevamos dos años de atraso histórico en el sistema universitario. Ni en los 90 se vivió algo así. El Ejecutivo debe garantizar la educación, es un mandato constitucional”. En la misma línea, Gabriela Brouwer de Koning, de la UCR, destacó: “La universidad pública no es un gasto ni un privilegio, es una inversión estratégica para el desarrollo del país”.

El oficialismo, por su parte, argumentó que la iniciativa atenta contra el equilibrio fiscal, uno de los pilares del plan económico libertario. La diputada Nadia Márquez sostuvo: “No vamos a tirar por la borda todo el esfuerzo para alcanzar el déficit cero”. En sintonía, Santiago Santurio cuestionó: “Quieren romper el superávit, pero no piensan en los más vulnerables”.

La media sanción también evidenció fracturas internas y movimientos tácticos entre gobernadores y sus legisladores. Mientras los diputados tucumanos del bloque Independencia respaldaron la iniciativa pese a su alineación con la Casa Rosada, varios legisladores cercanos a gobernadores oficialistas se ausentaron deliberadamente, como parte de una estrategia para evitar el quórum, que finalmente fracasó.

Pese a los intentos del oficialismo por frenar la sesión, la oposición logró reunir los 131 diputados necesarios para iniciar el debate, marcando así un nuevo revés legislativo para el gobierno nacional, en una jornada que también incluyó proyectos sensibles como la emergencia en pediatría por la crisis del Hospital Garrahan y la coparticipación del impuesto a los combustibles.

Ahora el proyecto deberá ser debatido en el Senado, donde las tensiones entre oficialismo y oposición podrían escalar. Si se aprueba y vuelve a ser vetado por el Presidente, la pulseada por la universidad pública podría convertirse en un nuevo frente de conflicto político e institucional en la Argentina.