La medida cautelar, dictada por la jueza Martina Isabel Forns del Juzgado Federal N° 2 de San Martín, responde al amparo presentado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que denunció un vaciamiento institucional y la afectación de derechos laborales.

El fallo ordenó al Ejecutivo abstenerse de ejecutar “cualquier acto administrativo que derive de la aplicación del decreto”, incluidos traslados, cesantías, suspensiones o reestructuraciones del organismo. Entre los puntos más cuestionados estaban la transferencia de los ingresos del INTI al Tesoro Nacional y la pérdida de su personería jurídica.

La jueza Forns recordó que el INTI, creado en 1957, es un ente autárquico clave en asistencia técnica, metrología y certificaciones para PyMES e innovación industrial. Señaló que modificar su estructura sin debate y sin medidas de protección contraviene el principio de irrenunciabilidad de derechos laborales, amparado en el artículo 14 bis de la Constitución y convenios de la OIT.

La resolución fue celebrada por Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, quien publicó en X “Luchar sirve. Uno por uno vamos a voltear tus decretos truchos”.

 

ATE ya había denunciado que el decreto presidencial pretendía disolver de hecho al organismo, poniendo en riesgo la estabilidad de miles de trabajadores y el patrimonio tecnológico del país.