Cabe destacar que la Cámara de Diputados también tuvo intensa actividad en las últimas horas donde se rechazó por amplia mayoría el veto de la ley que declara la emergencia en Discapacidad, y quedó listo su envío a la Cámara alta, aunque primero debe ser comunicado por la Presidencia de Diputados, lo que impedirá un eventual tratamiento en el recinto senatorial.
Lo que deberá debatirse en el Senado serán, los decretos delegados entre los que se destacan aquellos que transforman al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), al quitarles su carácter de entes autárquicos o descentralizados para convertirlos en organismos desconcentrados, dependientes directamente de secretarías de Estado.
El INTA, en tanto, pasaría a depender de la Secretaría de Agricultura: el Gobierno argumentó que en el funcionamiento de ese organismo hubo un “notorio sobredimensionamiento de su estructura”, con 932 cargos jerárquicos, y citó informes de la SIGEN que advertían sobre “deficiencias sustantivas” en su funcionamiento.
Mientras que el INTI sería transformado en una unidad dependiente de la Secretaría de Industria; en ese caso se cuestionó que el 30% de sus recursos humanos se hubieran concentrado en el área de administración, un ratio “muy por encima de los estándares habituales”.
Uno de los puntos más controvertidos de los decretos delegados fue la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, un organismo autárquico con más de 60 años de historia, donde desde Casa Rosada señalan que la estructura de Vialidad “no se ajusta a las necesidades actuales de gestión”, lo que se refleja en “altos costos operativos” y falta de agilidad, además de una “desproporción” entre el personal administrativo y el operativo.
También se disponía la disolución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) con el objetivo de “reducir el gasto público”, ya que la Gendarmería Nacional tiene la capacidad operativa para realizar el control en las rutas nacionales.
En la misma línea, se reorganizará la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, que pasaría a llamarse “Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte”, un nuevo ente que absorbía las competencias de fiscalización de las concesiones viales que antes tenía Vialidad.
Lo mismo sucedería con la Junta de Seguridad en el Transporte, que cambiaría su nombre a “Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación”, al limitar su competencia exclusivamente al transporte aéreo. Sus funciones de investigación en los modos ferroviario, automotor y marítimo eran suprimidas o reasignadas a otros organismos.