La operación se dividirá en dos etapas. Primero, una licitación pública nacional e internacional para vender al menos el 51% de las acciones a un operador estratégico. Luego, el remanente no adjudicado se ofrecerá en bolsas y mercados locales, sin habilitar un nuevo Programa de Propiedad Participada.
En el texto oficial, el Ejecutivo sostiene que “desde su creación, AySA ha sido deficitaria y ha dependido de una constante y relevante asistencia del Tesoro Nacional”, con transferencias por aproximadamente US$ 13.400 millones entre 2006 y 2023. Según el Gobierno, esa asistencia “no ha logrado impedir un deterioro en la eficiencia y productividad de AySA, reflejado en la disminución de la productividad laboral y el aumento de los costos operativos”.
La norma establece además que el Ministerio de Economía “adoptará las medidas que sean necesarias para garantizar que la modalidad de privatización dispuesta no afecte la continuidad de la prestación del servicio público de provisión de agua potable y colección de desagües cloacales”.
Para el Ejecutivo, la privatización resulta clave porque “para mejorar la prestación del servicio de agua y saneamiento en el área concesionada a AySA se requiere un nivel de inversión en infraestructura que excede las posibilidades de generación de fondos de la referida empresa”.