En el marco de una profunda reorganización del transporte terrestre, el Gobierno nacional confirmó este lunes el cierre definitivo de Vialidad Nacional, junto a la eliminación de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, y la concesión de 9.120 kilómetros de rutas a través de nuevos procesos licitatorios.
La decisión fue comunicada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante una conferencia de prensa realizada en Casa Rosada, en la que sostuvo que “la corrupción en la obra pública tiene su acta de defunción firmada, y la acaba de firmar el presidente Javier Milei”.
La medida será oficializada por decreto en las próximas horas, justo antes del vencimiento de las facultades delegadas otorgadas al Poder Ejecutivo mediante la Ley Bases.
Un rediseño total del sistema vial
La reestructuración incluye también la transformación de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que pasará a llamarse Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte, y que se convertirá en la nueva autoridad de aplicación para la fiscalización de concesiones viales.
Desde el Gobierno señalaron que la Dirección Nacional de Vialidad, con una planta de 5.184 empleados, representaba una estructura “jerárquica y extensa” que “dificultaba la toma de decisiones” y generaba altos costos operativos. Según estimaciones oficiales, su eliminación implicará un ahorro anual de 100 millones de dólares.
Qué funciones se reasignan y cómo impacta la medida
Las funciones de planificación y diseño de la infraestructura vial serán absorbidas por la Secretaría de Transporte y otras áreas del Ministerio de Economía, mientras que Gendarmería Nacional asumirá el control que ejercía la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
En paralelo, la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) será desmantelada tal como se conocía. Con el nuevo esquema, solo se enfocará en incidentes del transporte aéreo civil, bajo estándares internacionales de la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional). Las funciones relativas a investigaciones en el transporte automotor y ferroviario serán transferidas a la Secretaría de Transporte y a la nueva Agencia.
Contexto político y justificación
La decisión del Gobierno se da en un contexto de tensión por el uso de los superpoderes de la Ley Bases y como parte de su política de "motosierra" aplicada a distintas áreas del Estado. Adorni vinculó directamente la medida con la causa judicial por la cual fue condenada la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, asegurando que en Vialidad “se ejecutaban obras sin justificación, se adjudicaban contratos amañados y no se penalizaba el abandono de obras”.
La eliminación de estos organismos se alinea con la promesa oficial de reducir el tamaño del Estado y descentralizar funciones, en este caso, transfiriendo el control a entes más pequeños o con nuevas estructuras.