En el escrito presentado, los diputados opositores plantean que a la luz de los recientes acontecimientos que tienen como protagonistas al presidente y a otros altos funcionarios del Gobierno de La Libertad Avanza, en el marco de una trama de vínculos sospechosos con los promotores del criptoactivo, resulta fundamental poner en marcha a la Comisión de Juicio Político para que investigue a fondo los hechos denunciados.
Entre los cargos formulados en el pedido de juicio político, se encuentran: mal desempeño, violación de la Constitución Nacional y de la ley de Ética Pública, delitos penales como estafa, fraude a la administración pública, abuso de autoridad, negociaciones incompatibles con la función pública y manipulación fraudulenta del mercado de activos financieros.
Los diputados advierten además que la envergadura de los delitos presuntamente cometidos por Milei y su entorno tienen como consecuencia una “desacreditación del Estado Argentino a nivel nacional e internacional” y “un impacto económico y patrimonial negativo”.
En sus fundamentos, el proyecto sostiene que "la ciudadanía argentina merece respuestas claras y acciones concretas para evitar que funcionarios públicos utilicen su investidura para favorecer intereses privados en perjuicio del interés general.”
Además, la presentación determina que "cualquier conducta que desvíe el ejercicio de sus funciones hacia fines ajenos a la gestión pública constituye un quebrantamiento de los deberes inherentes a su cargo y, en consecuencia, un fundamento válido para su enjuiciamiento político”.