Durante la reunión, las organizaciones entregaron al mandatario un documento donde expresaron su postura con respecto a los acontecimientos ocurridos la semana pasada en Jujuy, así como presentaron un petitorio con sus demandas y preocupaciones.
Asimismo, en la mañana del martes, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación solicitó a la Justicia Federal que lleve a cabo una "investigación penal urgente sobre el accionar de las fuerzas de seguridad provinciales en la feroz represión" en Jujuy contra aquellos que se manifestaron en contra de la reforma constitucional.
Fuentes de la Secretaría indicaron que la presentación judicial incluyó "testimonios y pruebas sobre prácticas violatorias de los derechos humanos por parte de la Policía de Jujuy que fueron recogidas en los últimos días por la delegación encabezada por el secretario Horacio Pietragalla Corti en la provincia".
En respuesta a esta solicitud, el juez Jorge Zurueta instó a la policía de la provincia a "abstenerse de hacer un uso desmedido de la fuerza contra manifestantes" y llamó al Gobierno de Morales "a iniciar una instancia de mediación, que hasta el momento no ha sido cumplida".
Los reclamos y manifestaciones en Jujuy se iniciaron con los docentes de la provincia, quienes, en el caso de docentes de inicial y primaria, llevan 22 días de paro ininterrumpido exigiendo un mejor salario y en protesta contra la reforma constitucional que restringe el derecho a la huelga.
El sábado 17 de junio, en la intersección de las rutas nacionales 9 y 52 en la entrada a Purmamarca, se produjo una represión por parte de la policía de Infantería contra manifestantes que cortaban el tránsito. Durante el incidente, se registraron heridos por balas de goma y se detuvo a casi 30 personas.
Estos ataques se sumaron a las protestas de comunidades originarias y organizaciones sociales en el norte de Jujuy, quienes expresaban su respaldo a diversas demandas y se oponían a la reforma parcial de la Constitución provincial aprobada por una Asamblea Constituyente.
El 20 de junio, durante la aprobación y juramentación de la nueva Constitución en la Legislatura provincial, se produjo otra violenta represión policial, dejando más de 170 heridos y 68 detenidos.
En medio de esta situación, en la localidad de La Quiaca, mujeres residentes decidieron llevar a cabo una crucifixión colectiva cerca del corte de ruta mantenido por los manifestantes.
