Un operativo de lanzamiento realizado en Humahuaca, en el marco de un conflicto judicial entre dos familias por la propiedad de unas tierras, terminó con cuatro policías heridos y siete personas demoradas. La información fue difundida por el Gobierno de Jujuy a través de un comunicado institucional en el que se destacó el cumplimiento de la orden judicial y el rol de la Policía como auxiliar de la Justicia.
El procedimiento estuvo a cargo del secretario de Seguridad, Carlos Ariel Gil Urquiola, quien sostuvo que la fuerza provincial actuó en cumplimiento de una disposición del Poder Judicial. La causa corresponde al Expediente Nº CF-16142/19 y, según el Gobierno, cuenta con una sentencia firme del Superior Tribunal de Justicia desde 2019.
De acuerdo con la versión oficial, la medida había requerido distintos intentos de notificación y actuaciones previas y había sido suspendida en dos oportunidades, durante abril y mayo.
El Ministerio de Seguridad también señaló que, debido al nivel de conflictividad existente entre las partes, se dispuso un operativo preventivo con la presencia de funcionarios de distintas áreas estatales, entre ellas Mediación, Defensoría de Menores, Niñez, Adolescencia y Familia, Asesoría Legal y Acción Social.
El Gobierno indicó además que se intentó constatar la situación de los menores que pudieran encontrarse en el lugar, aunque la familia no habría permitido dicha intervención. Finalmente, durante el procedimiento se constató que no había niñas, niños ni adolescentes dentro del inmueble.
Cuatro policías heridos y siete personas demoradas
El punto más significativo del operativo fue la situación registrada durante la intervención policial.
Según el comunicado oficial, se produjeron incidentes violentos y cuatro efectivos sufrieron lesiones de diversa consideración. A raíz de las agresiones denunciadas, los policías realizaron las correspondientes presentaciones ante el fuero Penal.
Asimismo, siete personas fueron demoradas por su presunta vinculación con los disturbios. El Gobierno informó que fueron notificadas de las contravenciones y delitos que se les atribuyen y que, una vez cumplidas las diligencias procesales, recuperaron la libertad.
Sin embargo, el comunicado oficial no aporta mayores precisiones sobre la dinámica de los enfrentamientos, el accionar desplegado por los efectivos ni las circunstancias concretas en las que se produjeron las lesiones y las detenciones.
Ese aspecto resulta particularmente relevante en un procedimiento que involucró el uso de la fuerza pública y que se desarrolló en medio de un conflicto entre particulares.
Un comunicado centrado en justificar la intervención
La comunicación oficial pone el acento en que la Policía actuó por orden judicial y como auxiliar de la Justicia. También enumera las medidas preventivas adoptadas y la participación de distintos organismos estatales.
Pero, al mismo tiempo, la explicación oficial deja sin desarrollar uno de los puntos centrales del episodio: cómo se produjo la intervención policial y qué ocurrió durante los momentos de mayor tensión.
Gil Urquiola sostuvo que las fuerzas de seguridad actuaron dentro de sus atribuciones y que se adoptaron las medidas necesarias para garantizar el procedimiento.
“Las fuerzas de seguridad actuaron en todo momento en el marco de las tareas que les corresponden como auxiliares de la Justicia”, afirmó el funcionario.
La existencia de una orden judicial explica el marco legal del procedimiento, pero no necesariamente responde por sí sola a los interrogantes sobre la forma en que fue ejecutado. En ese sentido, el episodio deja abierta la discusión sobre el uso de la fuerza durante el operativo y sobre la necesidad de contar con información más detallada respecto de lo ocurrido.
Por el momento, la información difundida públicamente corresponde a la versión institucional del Gobierno de Jujuy, mientras que las actuaciones por las lesiones denunciadas y las circunstancias de las demoras continúan en el ámbito judicial.
