La Justicia dispuso este miércoles la libertad de Lucas Vicente Yurquina, de 27 años, conocido como “Barto”, quien se encontraba demorado en la Seccional 59ª tras una denuncia por acoso sexual, amenazas y violencia verbal presentada por una mujer que aseguró haber sido hostigada de manera reiterada tanto en la vía pública como a través de redes sociales y mensajes privados.
Según confirmaron fuentes judiciales, la Fiscalía a cargo de la investigación resolvió no avanzar con la imputación luego de considerar un informe psiquiátrico y psicológico realizado en septiembre de 2024, en el marco de una causa anterior iniciada por una adolescente por hechos de características similares. En base a esa evaluación, el Ministerio Público determinó que Yurquina es inimputable, por lo que no puede ser juzgado ni privado de su libertad, quedando bajo la supervisión de su padre.
La decisión judicial provocó un fuerte impacto en la denunciante, quien expresó a este medio su decepción, sensación de indefensión y falta de seguridad jurídica. Según relató, fue notificada por correo electrónico de que la causa había sido archivada, mientras que la persona denunciada recuperó la libertad, a pesar —según afirmó— del temor, el daño emocional y las secuelas psicológicas que le provocaron los hechos.
De acuerdo con lo manifestado por la víctima, sobre Yurquina pesarían numerosas denuncias penales de mujeres jujeñas, acumuladas a lo largo de más de 15 años, todas vinculadas a conductas de acoso sexual. Sin embargo, en cada oportunidad, las causas habrían tenido el mismo desenlace judicial debido a su condición de inimputabilidad.
En ese contexto, la denunciante cuestionó que, pese a la reiteración de los hechos, no se adopten medidas más restrictivas para evitar que el acusado continúe circulando libremente, y expresó su preocupación por el riesgo que esto representa para niñas, adolescentes y mujeres adultas. También aludió a recientes hechos de violencia extrema ocurridos en la provincia, que —según señaló— podrían haberse evitado con una intervención judicial oportuna.
La situación generó además cuestionamientos por lo que la víctima considera un trato desigual ante la ley, al comparar este caso con otros antecedentes recientes en los que personas fueron imputadas y privadas de la libertad por delitos de menor gravedad.
Finalmente, la denunciante llamó a las mujeres a extremar las medidas de seguridad al transitar por la vía pública, asistir a sus lugares de trabajo o estudio, ante el temor de nuevos episodios de acoso o agresión sexual. Mientras tanto, el caso vuelve a abrir el debate sobre los límites de la inimputabilidad, la protección de las víctimas y las herramientas legales disponibles para prevenir hechos reiterados de violencia sexual.