El Gobierno argentino anunció este lunes nuevas medidas contra el Reino Unido en el marco de la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas. A través de un comunicado de la Oficina del Presidente, Javier Milei instruyó el inicio de procedimientos sancionatorios y denuncias penales contra la empresa THALES UK LIMITED, luego de detectar vuelos entre las Islas Malvinas y la ciudad chilena de Punta Arenas que, según el Ejecutivo, fueron realizados sin autorización de las autoridades argentinas.
De acuerdo con la información oficial, los vuelos fueron efectuados mediante una aeronave con matrícula británica y estuvieron vinculados con una delegación de empresarios provenientes de las islas que participó de una ronda de negocios con proveedores chilenos. El objetivo habría sido avanzar en la creación de una ruta comercial entre el archipiélago y el sur de Chile.
En paralelo, el Gobierno argentino intimó formalmente al Reino Unido para que detenga en un plazo de dos semanas las operaciones vinculadas con el proyecto hidrocarburífero Sea Lion, ubicado en la denominada Cuenca Malvinas Norte.
La medida forma parte de una nueva estrategia jurídica y diplomática impulsada por la administración de Milei. Según el comunicado presidencial, la Cancillería y los equipos jurídicos argentinos iniciarán el procedimiento de arbitraje previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).
El Ejecutivo advirtió que, si el Reino Unido no cumple con el requerimiento dentro del plazo establecido, Argentina solicitará al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) la adopción de medidas provisionales para preservar sus derechos sobre la plataforma continental.
El reclamo por los recursos hidrocarburíferos
El proyecto Sea Lion es impulsado por un consorcio integrado por la británica Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, con sede en Israel. El Gobierno argentino sostiene que la explotación de hidrocarburos en la zona constituye una actividad ilegítima y que afecta los derechos que Argentina reivindica sobre la plataforma continental.
En ese sentido, el Ejecutivo fundamentó su posición en las resoluciones 2065 (XX) y 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La primera reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido y llama a ambos países a encontrar una solución mediante negociaciones. La segunda insta a las partes a abstenerse de adoptar decisiones que impliquen modificaciones unilaterales de la situación mientras continúe el proceso de negociación.
Argentina sostiene que la explotación de recursos naturales en las zonas en disputa contradice ese marco y puede generar un perjuicio considerado irreversible para sus derechos.
El proyecto Sea Lion se encuentra aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas y, según la posición argentina, los yacimientos se encuentran dentro de áreas correspondientes a su plataforma continental.
Crece la tensión diplomática
La nueva medida se produce en medio de un incremento de las diferencias entre Buenos Aires y Londres por la cuestión Malvinas.
En los últimos días, funcionarios británicos cuestionaron las reivindicaciones argentinas y defendieron la posición del Reino Unido sobre el archipiélago. Además, Londres confirmó que los cuatro aviones de combate Typhoon Tranche 1 desplegados en las islas serán reemplazados por aeronaves Tranche 2 a fines de noviembre de 2027. Desde el Ministerio de Defensa británico indicaron que se trata de una rotación prevista con anterioridad.
En tanto, el secretario de Defensa británico, Wes Streeting, sostuvo que el Reino Unido cuenta con capacidad para defender militarmente las islas, aunque afirmó que no prevé un nuevo conflicto armado.
Por su parte, Milei afirmó que Argentina recurrirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar si el Reino Unido no detiene las operaciones vinculadas con Sea Lion y ratificó el reclamo de soberanía sobre las islas.
En el ámbito judicial argentino, además, la jueza federal de Río Grande Mariel Borruto dictó una medida cautelar para que las empresas petroleras involucradas se abstengan de iniciar o continuar las obras necesarias para poner en marcha el proyecto.
Mientras tanto, la Cancillería argentina también mantiene gestiones con Estados Unidos para evaluar una eventual mediación en el conflicto, aunque cualquier iniciativa de ese tipo requeriría la aceptación del Reino Unido.
