El Senado de la Nación retomará esta semana el tratamiento del proyecto de Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y busca garantizar la continuidad de las principales prestaciones y beneficios para este sector.
La iniciativa será debatida este miércoles a las 16, durante un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano, presididas por Agustín Monteverde y Alicia Kirchner, respectivamente.
La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, buscará conseguir dictamen para avanzar con la sanción definitiva durante una de las últimas sesiones del período ordinario, previstas entre el 19 y el 26 de noviembre.
El tratamiento de la propuesta responde también a un reclamo de los bloques aliados, que exigen una normativa que garantice la continuidad de las prestaciones una vez que finalice la vigencia de la ley de emergencia en discapacidad, sancionada el año pasado y posteriormente vetada por el presidente Javier Milei.
Qué establece el proyecto
El texto aprobado por Diputados mantiene prácticamente la totalidad de los beneficios contemplados en la Ley 27.793, aunque elimina su carácter de emergencia y transitorio para convertir sus disposiciones en una normativa permanente.
Entre sus principales medidas, establece la compatibilidad entre el cobro de una pensión no contributiva por discapacidad y el trabajo formal o la inscripción en el monotributo, siempre que los ingresos no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles. El beneficio alcanza a quienes cuentan con el Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Además, contempla:
- La continuidad del nomenclador único y el arancel unificado para los prestadores.
- La actualización automática y periódica de los aranceles de las prestaciones, de acuerdo con el índice de movilidad jubilatoria.
- La garantía de cobertura básica de protección médica a través del programa federal Incluir Salud.
- La asignación de recursos presupuestarios para el cumplimiento de las prestaciones, con un piso que no podrá ser inferior, en términos reales, al presupuesto del Ministerio de Salud del ejercicio anterior.
Por otra parte, el proyecto incorpora un sistema de auditorías periódicas que permitirá cruzar información entre ANSES, ARCA, el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), bajo el principio del debido proceso inclusivo.
El financiamiento, uno de los puntos centrales
El financiamiento de las prestaciones fue uno de los principales ejes de discusión durante el tratamiento legislativo. Inicialmente, el proyecto de Presupuesto 2027 impulsado por el Gobierno contemplaba modificaciones que incluían la eliminación del nomenclador único, la derogación de los mecanismos de actualización de aranceles y la supresión de la compatibilidad entre las pensiones y el empleo formal.
Sin embargo, tras las negociaciones con los bloques aliados y la oposición, el oficialismo impulsó una nueva iniciativa que recuperó los principales lineamientos de la ley de emergencia.
En ese contexto, los sectores dialoguistas también reclamaron que se eliminen los artículos cuestionados del Presupuesto 2027 y que se garantice la disponibilidad de los recursos necesarios para implementar la nueva normativa.
Finalmente, entre las incorporaciones realizadas durante el debate en Diputados, se estableció una cláusula transitoria que fija un cronograma para cancelar las compensaciones adeudadas a los prestadores y un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la ley.
De esta manera, el Senado tendrá ahora la responsabilidad de avanzar con el tratamiento de una iniciativa que busca dar continuidad y estabilidad al sistema de prestaciones para las personas con discapacidad.
