La Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy (ADIUNJu) informó su adhesión al paro nacional de la docencia universitaria y preuniversitaria convocado por la CONADU Histórica entre el 28 de octubre y el 3 de noviembre. Según comunicó la entidad, la medida fue resuelta por unanimidad durante un congreso extraordinario para exigir el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario, el pago de la deuda salarial y un presupuesto que garantice el funcionamiento de las universidades nacionales.
Desde ADIUNJu señalaron que la protesta forma parte de la continuidad de un plan de lucha frente a lo que definieron como un ajuste del Gobierno nacional. En la convocatoria difundida por el gremio también se incluyó la consigna: “¡Milei, cumplí con la ley!”.
Por su parte, la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) resolvió profundizar su plan de acción mediante nuevos paros nacionales nodocentes. La decisión fue adoptada por unanimidad durante una reunión de su Consejo Directivo que reunió a 54 organizaciones sindicales de todo el país y contó con la participación de la Asociación del Personal Nodocente de la Universidad Nacional de Jujuy (APUNJu), representada por su secretario general, Rodrigo Armata.
De acuerdo con la resolución difundida por FATUN y APUNJu, las medidas de fuerza nodocentes se realizarán los días 28 de octubre, 3 de noviembre, 12 de noviembre y 16 de noviembre. Además, cada jornada estará acompañada por actividades de visibilización destinadas a exponer la situación de las comunidades universitarias en las distintas regiones.
En tanto, la Unión de Trabajadores Docentes Universitarios de Jujuy (UTDUJ) convocó a un paro de 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo para el miércoles 28 de octubre. La organización señaló que la medida se desarrolla en unidad con otros gremios universitarios y reclamó la recomposición salarial, la actualización de las becas estudiantiles, paritarias libres y recursos suficientes para sostener a las universidades nacionales y al sistema científico-tecnológico.
Las organizaciones sindicales coincidieron en que las medidas continuarán hasta obtener respuestas a sus reclamos. Tanto los sectores docentes como nodocentes sostienen que la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y una mejora en los recursos destinados al sistema son condiciones necesarias para garantizar el funcionamiento de la universidad pública.
