Los principales puertos de la Argentina continúan paralizados como consecuencia de la medida de fuerza que llevan adelante prácticos, pilotos y baqueanos en rechazo al Decreto 690/2026, impulsado por el Gobierno nacional para desregular el servicio de practicaje.
La protesta, que comenzó el sábado 1 de agosto, afecta a las terminales portuarias desde Ushuaia hasta la Hidrovía Paraná-Paraguay. El mayor impacto se registra en el Río de la Plata y el río Paraná, corredores estratégicos por donde transita alrededor del 80% de las exportaciones e importaciones del país, con decenas de embarcaciones detenidas en los puertos del Gran Rosario, San Lorenzo y Timbúes.
La normativa promovida por el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, apunta a flexibilizar el sistema eliminando restricciones de acceso a la actividad, reduciendo costos operativos y permitiendo la contratación directa de los servicios de practicaje. Además, habilita a determinados capitanes con experiencia a navegar sin la obligatoriedad de contratar prácticos.
Desde la Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales de la Marina Mercante rechazaron la reforma al considerarla "abusiva e inconstitucional". La entidad anunció que presentará una Acción de Amparo ante la Justicia Federal y una denuncia penal contra los funcionarios que firmaron el decreto, al sostener que las modificaciones comprometen la seguridad de la navegación en los ríos argentinos.
Frente al impacto de la medida sobre la actividad portuaria, la Prefectura Naval Argentina intimó formalmente a los profesionales para que retomen la prestación del servicio, recordando que el practicaje es considerado un servicio público esencial y advirtiendo sobre las consecuencias legales en caso de incumplimiento.
Sin embargo, los trabaj0oadores ratificaron la continuidad del lock-out. Como excepción, confirmaron que mantienen la asistencia a los buques que transportan petróleo y gas licuado, con el objetivo de evitar inconvenientes en el abastecimiento energético del país y prevenir posibles riesgos ambientales en las vías navegables.
Mientras el conflicto continúa sin una resolución a la vista, crece la preocupación por las consecuencias económicas y logísticas que genera la paralización de uno de los principales circuitos del comercio exterior argentino.
