La diputada jujeña, Carolina Moisés, indicó que "consideramos que este dictamen sintetiza los aportes de todos los proyectos que están en discusión en el temario de este plenario. Es producto de un proceso de diálogo, reflexión y búsqueda del mejor proyecto de ley posible, para resolver un problema que afecta a las mujeres y pone en riesgo sus vidas, en un marco de clandestinidad y miedo.
Nuestro país se encuentra en condiciones de dar un salto hacia una legislación compatible con los más reconocidos estándares de Derechos Humanos en la materia. Es ésta una exigencia que ha reiterado el día de ayer el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, en línea con los demás organismos de monitoreo del cumplimiento de los tratados internacionales con jerarquía constitucional que ha suscripto la República Argentina.
Es por esto que resulta importante transitar hacia un cambio de paradigma, reconociendo el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo de manera voluntaria, hasta las catorce semanas, sin que ello sea considerado un delito.
A los efectos de asegurar a las mujeres un espacio de acompañamiento y escucha -previo y posterior a la realización de la IVE- se incorporó el sistema de consejerías. Esto se toma como ejemplo de numerosos casos con similares niveles de sensibilidad social, y garantiza que la decisión de la mujer pueda ser tomada con absoluta responsabilidad, y en un ámbito de reflexión.
El proyecto consensuado busca reconocer el ejercicio de la libertad en nuestro país, donde no se impongan creencias ni dogmas. Desde esta perspectiva, consideramos valioso reconocer la objeción de conciencia, de carácter individual. Se propone un registro previo de los profesionales de la salud que manifiesten su negativa de realizar una interrupción voluntaria del embarazo. Sin embargo, también establecemos la obligación de los centros de salud de arbitrar todos los medios para garantizar la práctica.
En consonancia con lo dispuesto por el Comité de los Derechos del Niño, consideramos oportuno reforzar la inclusión de los contenidos de educación sexual integral en todos los niveles educativos. En el mismo sentido, proponemos fortalecer las políticas de salud sexual y reproductiva para garantizar su aplicación en todo el territorio nacional.
También se prevé la construcción de un registro en manos de la autoridad de aplicación y en articulación con las jurisdicciones provinciales, municipales y la Ciudad de Buenos Aires, con el valioso objetivo de monitorear el impacto de esta ley y construir información estadística valiosa para evaluar su impacto en la salus pública.
Se está ejerciendo una gran presión sobre los diputados y diputadas que están dispuestos a aprobar esta ley que consagra derechos. Sabemos que en nuestra historia, y gracias a aquellos que sufrieron presiones similares pero lograron resistirlas, pudimos consagrar derechos tan importantes como el voto universal, secreto y obligatorio; el sufragio femenino; la consolidación del sistema democrático; el divorcio vincular; la patria potestad compartida; y, en épocas más cercanas, el matrimonio igualitario y la Ley de Identidad de Género.
Hay una generación enorme de argentinos que miran a este tema como una cuestión de salud pública, de derechos humanos de las mujeres. Tienen la expectativa de un Congreso que decida desoyendo las presiones recibidas. Una generación que le pide a sus legisladores que sancionen leyes para establecer un marco de tolerancia, y que no impongan visiones teológicas sobre el conjunto de la ciudadanía.