La modalidad elegida será un “abrazo solidario” al edificio, según indicaron en la convocatoria difundida en redes y grupos internos. La medida busca visibilizar la situación económica de los efectivos, que denuncian ingresos por debajo de la línea de pobreza y la necesidad de contar con trabajos adicionales para sostenerse.
Reclamo salarial y malestar interno
Fuentes vinculadas a las fuerzas señalaron que el malestar se profundizó en los últimos meses ante la falta de actualizaciones salariales acordes al contexto inflacionario. “Hay personal que tiene que manejar Uber para llegar a fin de mes”, indicaron desde el entorno de los uniformados.
El reclamo también apunta a una distribución desigual de mejoras previas. Durante gestiones anteriores, sectores de Gendarmería habrían recibido beneficios diferenciales, lo que generó tensiones con otras fuerzas y con los rangos más bajos.
A esto se suma la situación de la cobertura médica. La reestructuración de la obra social derivó en la creación de nuevos esquemas -OSFFESEG para seguridad y OSFA para militares-, aunque, según fuentes consultadas, las prestaciones aún no se encuentran plenamente garantizadas. “Hoy hay efectivos prácticamente sin cobertura”, señalaron.
Cuestionamientos a la conducción
En paralelo, en el ámbito político crecen las críticas hacia la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Desde sectores oficiales y especialistas en seguridad se cuestiona su capacidad de conducción en un contexto de creciente conflictividad interna.
“Es una funcionaria con perfil académico, pero con dificultades en la gestión operativa”, afirmó un analista con experiencia en distintas administraciones. También se señala la designación de su equipo cercano como un factor de tensión dentro de la estructura.
En Casa Rosada, la preocupación se centra en el impacto político de una protesta de estas características, que no registra antecedentes recientes en la articulación conjunta de todas las fuerzas federales.
Antecedentes y conflictos abiertos
Algunos funcionarios recuerdan como antecedente la crisis de diciembre de 2013 en Córdoba, cuando la policía provincial se acuarteló durante la gestión de Monteoliva en el área de Seguridad, lo que derivó en su salida del cargo.
En las últimas semanas, además, se sumaron otros focos de conflicto. Entre ellos, la decisión de retirar custodias en establecimientos vinculados a la comunidad judía en la Ciudad de Buenos Aires, lo que generó cuestionamientos desde entidades representativas.
El contexto se completa con tensiones políticas internas y diferencias con referentes del área de seguridad, en un escenario donde también se discuten proyectos legislativos y medidas económicas vinculadas al sector.
Un punto de inflexión
La convocatoria del 2 de abril se presenta como un posible punto de inflexión en la relación entre el Gobierno y las fuerzas federales. El nivel de adhesión y la respuesta oficial serán claves para determinar si el conflicto escala o encuentra canales de negociación.
En un escenario económico complejo, el reclamo de quienes integran el sistema de seguridad suma presión a una agenda ya atravesada por tensiones políticas y sociales.