La ofensiva del Gobierno nacional contra la conducción del fútbol argentino sumó un capítulo judicial de alto impacto. El juez en lo Penal Económico Diego Amarante aceptó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) como parte querellante en la causa que investiga a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por la presunta apropiación indebida de más de $19.300 millones en impuestos no depositados al Estado.
La decisión, adoptada durante la feria judicial de enero —que fue habilitada especialmente por la gravedad del caso—, convierte al organismo recaudador en acusador privado dentro del expediente. De este modo, ARCA tendrá acceso pleno a la causa, podrá solicitar medidas de prueba y apelar resoluciones, profundizando la investigación penal contra la cúpula encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia.
El expediente se originó el 12 de diciembre, a partir de una denuncia presentada por la propia ARCA, en la que se advirtió que la AFA retenía fondos correspondientes a impuestos de los clubes pero no los transfería al fisco. Tras la presentación, el fiscal en lo Penal Económico Claudio Navas Rial impulsó la investigación e imputó a las autoridades de la entidad por el delito de evasión agravada.
Según la documentación judicial, el perjuicio fiscal asciende exactamente a $19.353.546.843,85, correspondiente a irregularidades detectadas en el ingreso de IVA, Impuesto a las Ganancias y Contribuciones a la Seguridad Social, en un período que va de marzo de 2024 a septiembre de 2025.
El desglose de la deuda refuerza la gravedad de la acusación: solo por retenciones de Ganancias no ingresadas el monto supera los $8.000 millones, mientras que por aportes a la Seguridad Social —fondos descontados a los trabajadores de los clubes— la cifra supera los $8.600 millones.
En su presentación, ARCA fue contundente al sostener que no se trata de una simple deuda impositiva, sino de una “indebida apropiación de caudales públicos”, ya que los fondos retenidos “pertenecen al Estado desde el mismo momento de la retención”.
Con la feria habilitada, el expediente avanza a ritmo acelerado. El fiscal Navas Rial ya imputó formalmente a Tapia, mientras que el juez Amarante ordenó una batería de medidas de prueba clave para reconstruir la denominada “ruta del dinero”.
Entre otras diligencias, se libraron oficios al Banco Central de la República Argentina (BCRA) y a todas las entidades bancarias que operan con la AFA, con el objetivo de determinar si los fondos retenidos fueron utilizados para obtener rendimientos financieros mientras se postergaba el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
La defensa de la AFA, encabezada por el abogado Norberto Frontini, ya se presentó en la causa, aunque hasta el momento no formuló descargos de fondo ni solicitó nuevas medidas.
El avance judicial marca un punto de inflexión en el vínculo entre el Estado y la conducción del fútbol argentino, con una causa que promete seguir escalando tanto en los tribunales como en el escenario político y deportivo nacional.