El exmandatario venezolano Nicolás Maduro se declaró este lunes “no culpable” ante una corte federal de Manhattan, en Nueva York, en su primera comparecencia judicial tras la sorpresiva captura realizada por fuerzas estadounidenses en Caracas, ordenada por el presidente Donald Trump. La audiencia se desarrolló en el Tribunal Federal Daniel Patrick Moynihan, donde también estuvo presente su esposa, Cilia Flores, igualmente imputada.
Maduro enfrenta graves cargos federales, entre ellos narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, lavado de dinero y posesión de ametralladoras y otros dispositivos, según la acusación leída por fiscales de Nueva York. De acuerdo con la investigación, el dirigente habría encabezado una red internacional de tráfico de drogas con presuntos vínculos con los carteles mexicanos de Sinaloa y Los Zetas, las FARC colombianas y el Tren de Aragua.
El exlíder venezolano, de 63 años, llegó al tribunal esposado y escoltado por agentes armados, trasladado desde un centro de detención en Brooklyn. Durante la audiencia, aseguró en español: “No soy culpable, soy un hombre decente, sigo siendo el presidente de mi país”, y denunció haber sido “secuestrado” en su residencia de Caracas. Por su parte, Flores afirmó: “Soy inocente, completamente inocente”.
La causa contra Maduro se originó en 2020, en el marco de una investigación más amplia sobre funcionarios venezolanos, y fue ampliada en los últimos meses con nuevos elementos y acusados. El juez Alvin Hellerstein dispuso que ambos permanezcan detenidos en Nueva York y fijó la próxima audiencia para el 17 de marzo.
La captura, ejecutada el sábado pasado, generó un fuerte impacto internacional. Según la reconstrucción oficial, comandos estadounidenses descendieron en helicópteros sobre Caracas, atravesaron el anillo de seguridad y retiraron a Maduro de una zona considerada segura. En respuesta, el gobierno venezolano emitió una orden de emergencia instruyendo a detener a cualquier persona que hubiera colaborado con la operación.
El episodio provocó un inmediato debate en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde Rusia, China y países aliados de Venezuela denunciaron la intervención como una violación del derecho internacional. El secretario general del organismo, António Guterres, expresó preocupación tanto por la estabilidad política venezolana como por la legalidad de la incursión, considerada por analistas como la mayor acción militar estadounidense en la región desde la invasión a Panamá en 1989.
En paralelo, el impacto se sintió en los mercados: acciones de petroleras estadounidenses subieron ante la posibilidad de retomar operaciones en Venezuela, país que posee las mayores reservas probadas de crudo del mundo, estimadas en 303.000 millones de barriles. Trump afirmó que su gobierno buscará restablecer la infraestructura petrolera y permitir el regreso de empresas estadounidenses, aunque la producción venezolana actual se mantiene muy por debajo de sus niveles históricos.
Mientras tanto, en Caracas, altos funcionarios del chavismo continúan en funciones y, tras una primera reacción de rechazo, dejaron entrever la posibilidad de una negociación con Washington. La captura de Maduro y su proceso judicial en Estados Unidos abren un escenario incierto con profundas implicancias políticas, jurídicas y económicas para la región.
(Con información de Reuters)