El salario que recibían rondaba los $300 mil pesos quincenales, pero se les descontaba la comida, lo que agravaba aún más su situación. No contaban con documentación ni medios de comunicación, y hacían sus necesidades en tachos improvisados. “Vivían y trabajaban en condiciones de explotación”, confirmaron fuentes judiciales.
El operativo fue encabezado por personal de ARCA, la División de Coordinación contra el Trabajo Ilegal y el RENATRE, con intervención de la Fiscalía Descentralizada de Rafaela. Tras los allanamientos ordenados por el juez federal de Rosario, Eduardo Rodríguez Da Cruz, se secuestraron teléfonos, documentación y un cuaderno con anotaciones. Dos personas vinculadas a los establecimientos quedaron imputadas.
Las víctimas fueron asistidas por la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe, la Municipalidad de Tostado y el Programa de Rescate y Acompañamiento a Víctimas de Trata del Ministerio de Justicia de la Nación. La investigación, a cargo del fiscal federal Jorge Gustavo Onel y los fiscales auxiliares Federico Grimm y Pablo Micheletti, continúa bajo la figura penal de trata de personas con fines de explotación laboral.
Con información de: Infogremiales