De acuerdo al Gobierno dieron de baja 128.667 beneficios, de los cuales 110.522 presentaban documentación duplicada o inconsistencias médicas, 8.107 correspondían a personas fallecidas y 10.038 a ciudadanos que renunciaron voluntariamente. Sin embargo, tras la filtración de audios que revelan presuntos sobreprecios en la compra de medicamentos, el Ejecutivo decidió revisar también las bajas ya efectuadas.
“Las bajas están pausadas hasta que se termine la auditoría en la agencia de discapacidad, que continúa con un foco en tres cuestiones: las pensiones, las compras y la estructura”, explicó una fuente cercana al ministro Lugones.
Durante este proceso, no enviarán nuevas citaciones, ni realizarán controles presenciales sobre los más de un millón de beneficiarios. Además, descartan por el momento la transformación administrativa de la ANDIS en una dependencia directa del Ministerio de Salud, debido a la falta de facultades delegadas tras la caída de la Ley Bases.
La decisión se conoció horas después de que el Senado rechazara el veto presidencial y aprobara nuevamente la Ley de Emergencia en Discapacidad, que declara la emergencia hasta diciembre de 2026 y propone actualizar aranceles, redefinir pensiones y garantizar prestaciones esenciales.