El decreto prorroga además la emergencia sanitaria nacional hasta el 31 de diciembre de 2026. Según el texto, la decisión se fundamenta en irregularidades detectadas durante la intervención de la ANDIS, que incluyeron fallas en contrataciones, debilidades en los controles internos y un sistema tecnológico fragmentado que dificultaba la gestión de certificados de discapacidad, pensiones no contributivas y el Programa Federal Incluir Salud.
El Ejecutivo argumentó que la demora en resolver estas deficiencias podría comprometer el acceso a prestaciones médicas, medicamentos de alto costo y dispositivos de apoyo. “La agencia acumuló capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”, había señalado días atrás el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
La Secretaría Nacional de Discapacidad será incorporada al organigrama del Ministerio de Salud, que tendrá a su cargo el diseño, control y auditoría de las pensiones por invalidez, además de nuevas competencias vinculadas al Registro Nacional de Precursores Químicos en coordinación con el Ministerio de Seguridad.
El decreto será remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que deberá expedirse sobre su validez. Mientras tanto, el Gobierno sostiene que la reorganización apunta a mejorar la trazabilidad, eficiencia y transparencia de las políticas públicas en discapacidad y salud.