La medida, firmada por el secretario Juan Bautista Ordoñez, establece que la supervisión de los comedores se realizará de forma presencial y con apoyo tecnológico, con el objetivo de “optimizar los recursos públicos” y “mejorar la administración” de los programas alimentarios.
Desde la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), Nicolás Caropresi cuestionó la decisión: “Este Registro permitía hacer un seguimiento de la política pública y también de la demanda o la necesidad en el territorio de los comedores… Hoy se está generando una oscuridad donde antes se intentaba poner algo de luz y claridad”.
El dirigente también denunció que las auditorías anunciadas por el Gobierno “no fueron más que una puesta en escena”, y que “habrán visitado menos del 10% de los comedores que existen”. Según Caropresi, el cierre del ReNaCOM implica el vaciamiento de políticas clave para el diagnóstico y seguimiento nutricional en los barrios más vulnerables.
La decisión se enmarca en la estrategia oficial de reducir el gasto público en el área social, en línea con otras medidas que han generado preocupación entre organizaciones comunitarias por el impacto en la seguridad alimentaria.