La investigación, que demandó más de 5.000 horas-hombre de trabajo, se inició a fines de 2024 por impulso del Equipo Especializado en Trata de Personas de la PSA. A partir de tareas de inteligencia criminal, análisis de intervenciones telefónicas, relevamientos virtuales y vigilancias en campo, se logró determinar la existencia de una organización con ramificaciones en Argentina, Chile y España, que explotaba a mujeres en situación de vulnerabilidad para la generación de contenido erótico a través de plataformas digitales.
El punto de partida fue un estudio de modelos webcam ubicado en la localidad bonaerense de San Justo, que operó hasta febrero de 2025. Desde allí, mujeres de entre 18 y 55 años realizaban transmisiones simultáneas para tres sitios web. Las ganancias obtenidas en euros mediante créditos virtuales eran transferidas a una empresa radicada en España, que retenía el 80% de lo producido y remitía el restante mensualmente a la Argentina, en dólares.
Tras el cierre del estudio, las transmisiones continuaron desde los domicilios particulares de las víctimas, aunque las condiciones impuestas por la organización se mantuvieron intactas. Las mujeres debían cumplir exigentes objetivos de producción, condiciones de presentación y asistir una vez al mes a una oficina en Morón, provincia de Buenos Aires, para percibir su pago.
Como resultado de los operativos realizados, los oficiales detuvieron en carácter de incomunicados a tres personas integrantes de la organización y se secuestraron 24.300 dólares, 1.543.100 pesos, 1.000 pesos chilenos, cinco teléfonos celulares, siete dispositivos electrónicos (entre computadoras, notebooks y una tablet), 218 gramos de marihuana y dos plantas de cannabis.
Durante los procedimientos participó personal de la Coordinación de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata, que entrevistó a 17 presuntas víctimas, quienes fueron contenidas y asistidas conforme al protocolo vigente.