La solicitud fue formulada durante una audiencia convocada por el juez de Control Rodolfo Fernández. La defensa, representada por Federico Llermanos, también ofreció un resarcimiento económico de $3 millones, a pagar en tres cuotas, además de tareas comunitarias en una institución pública.
El planteo busca evitar la realización del juicio oral y público que había sido requerido por el Ministerio Público de la Acusación luego de una investigación que se extendió durante varios años.
Sin embargo, el fiscal Diego Funes se opuso de manera contundente al pedido de la defensa y sostuvo que, por la gravedad de los delitos atribuidos, Rivas debe ser sometido a un debate oral y público.
A la postura de la Fiscalía se sumó la querella, representada por el abogado Julián Martín. Ahora, el juez Fernández deberá analizar los planteos de las partes y resolver el camino procesal que seguirá la causa.
Una investigación de 18 años
La causa se originó a partir de denuncias realizadas por Fabiana Checa entre 2006 y 2018. Según la investigación, desde 2009 Rivas tenía medidas de restricción perimetral respecto de su expareja.
En noviembre de 2024, la Unidad Fiscal Especializada en Violencia de Género del Ministerio Público de la Acusación formuló la acusación por la presunta comisión de lesiones graves agravadas por el vínculo y la convivencia, amenazas y violencia de género, familiar y doméstica.
La investigación penal preparatoria concluyó en febrero de 2025 y la Fiscalía solicitó la elevación de la causa a juicio.
El debate oral había sido previsto inicialmente para julio, aunque finalmente no se concretó y el expediente continúa bajo análisis del Juzgado de Control.
La denuncia de la víctima y las pruebas
Checa sostuvo tras la audiencia que sufrió distintos tipos de violencia y manifestó que espera que la causa avance hacia un juicio oral.
“Son hechos de extrema violencia los que he padecido”, afirmó, y aseguró que durante años recibió amenazas y agresiones.
En el expediente constarían al menos 20 denuncias penales realizadas en distintas dependencias policiales, además de certificados médicos vinculados con lesiones que fueron incorporados a la investigación.
La investigación también incluyó el análisis de teléfonos celulares y comunicaciones entre las personas involucradas en la causa.
Según la información consignada en el expediente y citada por el medio que dio a conocer el caso, también se habría investigado el uso de una línea telefónica vinculada a la Secretaría General de la Gobernación durante el período en que Rivas se desempeñaba como funcionario.
Ahora, la decisión está en manos del juez Rodolfo Fernández, quien deberá definir si acepta el planteo de la defensa o si la causa avanza hacia el juicio oral y público solicitado por la Fiscalía y la querella.
