Las medidas forman parte del texto que consiguió dictamen de mayoría en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. El oficialismo prevé llevarlo al recinto el próximo 25 de noviembre y, si obtiene media sanción, deberá continuar su tratamiento en el Senado.

Por ahora, se trata de disposiciones incluidas en un proyecto de ley y no de una normativa vigente.

Topes para las plantas estatales

El artículo 6 determina que cada jurisdicción y entidad de la Administración Pública Nacional tendrá una cantidad de cargos y horas de cátedra establecida en una planilla anexa. Los organismos no podrán aprobar aumentos que superen esos límites.

El texto contempla una posibilidad de ampliación, pero la decisión quedará en manos del jefe de Gabinete, mediante una resolución fundada y con intervención previa de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía.

La iniciativa también establece excepciones para determinados sectores. Entre ellos figuran las Fuerzas Armadas y de seguridad, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el Servicio Exterior, los Guardaparques Nacionales y profesionales de establecimientos hospitalarios y asistenciales dependientes del Ministerio de Salud.

También se contemplan cargos vinculados con el Sistema Federal de Manejo del Fuego, la Procuración General, la Defensoría General, el Centro Nacional de Ciberseguridad y las incorporaciones necesarias para cumplir sentencias judiciales firmes, entre otros casos.

La cobertura de vacantes necesitará autorización

El artículo 7 establece otra condición: los organismos no podrán cubrir los cargos que ya estén vacantes al momento de la entrada en vigencia de la ley ni aquellos que queden libres posteriormente sin autorización previa del jefe de Gabinete.

En la práctica, esto significa que la salida de un trabajador no habilitará automáticamente su reemplazo. Cada incorporación deberá contar con el aval de la Jefatura de Gabinete, de acuerdo con los criterios previstos en el proyecto y sus excepciones.

Información pública cada tres meses

El dictamen también incorpora obligaciones de transparencia y seguimiento. Todas las jurisdicciones y entidades deberán enviar a la Secretaría de Hacienda información sobre la totalidad de sus plantas de personal y las contrataciones realizadas.

A su vez, Hacienda tendrá que publicar esos datos en su sitio web hasta el quinto día hábil posterior al cierre de cada trimestre calendario.

El mecanismo busca mantener un registro periódico de la evolución del empleo público y dar continuidad a un esquema de seguimiento que el Gobierno ya había dispuesto durante 2026.

El contexto de la reducción del Estado

La iniciativa se inscribe en la política de reducción del gasto y control de la estructura estatal impulsada por el Gobierno de Javier Milei. Según los datos del INDEC citados en el informe sobre el proyecto, entre noviembre de 2023 y septiembre de 2026 la Administración Pública Nacional y las empresas y sociedades del Estado pasaron de 343.357 a 266.205 trabajadores.

La diferencia representa 77.152 puestos menos, una reducción del 22,5%. Dentro de ese total, la Administración Pública Nacional registró una caída de 53.702 trabajadores, mientras que las empresas y sociedades estatales redujeron sus planteles en 23.450 personas.

El debate del Presupuesto 2027 sumará así una discusión sobre el tamaño del Estado y las condiciones para incorporar personal. La definición dependerá ahora del tratamiento legislativo del proyecto.