Las actividades se desarrollaron los días 20 y 21 de octubre y fueron encabezadas por el fiscal ambiental Javier Sánchez Serantes, acompañado por el secretario relator de la fiscalía. De las jornadas también participaron representantes de comunidades originarias, integrantes de CAMVI, autoridades de la Asociación de Criadores de Vicuñas, miembros de la comunidad de Larcas, personal del INTA Miraflores y efectivos de distintas fuerzas de seguridad argentinas y bolivianas.

Durante los encuentros, la Fiscalía ratificó su decisión de profundizar las investigaciones para identificar y llevar ante la Justicia a los responsables de la caza ilegal de vicuñas, una práctica que afecta a una de las especies protegidas más emblemáticas de la región.

Como parte de las actividades, se realizaron inspecciones oculares en sectores donde se registraron matanzas de animales y en zonas señaladas como posibles apostaderos utilizados por cazadores furtivos. Los relevamientos permitieron analizar la situación en terreno y evaluar mecanismos de trabajo conjunto entre los organismos involucrados.

En ese marco, Sánchez Serantes destacó la importancia de que las comunidades y los pobladores denuncien este tipo de hechos para aportar información clave a las investigaciones. El fiscal señaló que la colaboración ciudadana resulta fundamental para avanzar en la identificación de los responsables.

Asimismo, durante las reuniones se abordó la necesidad de fortalecer la coordinación entre comunidades originarias, fuerzas de seguridad y organismos competentes, además de impulsar campañas de concientización destinadas a promover la protección y conservación de la vicuña.

Los participantes coincidieron en la necesidad de profundizar el trabajo articulado y la participación activa de las comunidades locales, consideradas actores fundamentales para la preservación de la fauna silvestre y el seguimiento de posibles actividades ilegales en la región.

Desde el Ministerio Público de la Acusación indicaron que las tareas de investigación continuarán con el objetivo de reforzar la protección de la vicuña y combatir la caza furtiva en distintos puntos de la Puna jujeña.