El Senado de la Nación aprobó este jueves por unanimidad la nueva Ley de Discapacidad, con el respaldo de los 71 legisladores presentes en el recinto. La iniciativa busca garantizar la continuidad de las prestaciones, pensiones y coberturas para las personas con discapacidad, mediante un régimen permanente que reemplaza el esquema de emergencia.
La aprobación se produjo a casi un año del rechazo del Gobierno nacional a la anterior ley de emergencia en discapacidad, que había sido vetada por el presidente Javier Milei. En esta oportunidad, el oficialismo acompañó una propuesta que conserva gran parte de los beneficios contemplados en aquella normativa, aunque introduce modificaciones en materia de financiamiento, controles y administración de recursos.
Durante el debate, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Agustín Monteverde, defendió la creación de un régimen permanente y sostuvo que la salida de la emergencia requiere reglas estables que brinden previsibilidad. Por su parte, desde la oposición, Alicia Kirchner consideró que la sanción representa una respuesta importante, aunque advirtió que no repara por sí sola los derechos vulnerados.
La senadora Lucía Corpacci también cuestionó las políticas implementadas por el Gobierno nacional y destacó el papel de las organizaciones y los colectivos de discapacidad en el reclamo por sus derechos.
En tanto, Patricia Bullrich defendió la iniciativa y señaló que establece un acuerdo social y político para garantizar mayor transparencia, previsibilidad y estabilidad en las prestaciones.
¿QUÉ ESTABLECE LA NUEVA LEY?
Entre los principales puntos de la normativa se destacan:
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Pensiones y trabajo: permite compatibilizar el cobro de una pensión no contributiva por discapacidad, equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo, con un empleo formal o la inscripción en el monotributo, siempre que los ingresos no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles. El beneficio alcanza a titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD).
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Actualización de prestaciones: mantiene el nomenclador único y establece la actualización automática y periódica de los aranceles según el índice de movilidad jubilatoria.
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Cobertura de salud: garantiza la cobertura básica de protección médica del programa federal Incluir Salud para quienes perciban la pensión por discapacidad.
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Financiamiento: establece que la asignación presupuestaria del Ministerio de Salud no podrá ser inferior, en términos reales, a la del ejercicio fiscal anterior.
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Auditorías y controles: crea un sistema de revisiones periódicas mediante el cruce de información entre organismos nacionales, bajo el principio del debido proceso inclusivo.
Además, se incorporó una cláusula transitoria que establece un cronograma para cancelar las compensaciones adeudadas a los prestadores y fija un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la normativa.
De esta manera, la nueva ley busca dejar atrás el carácter transitorio de la emergencia y establecer un marco permanente para el sistema de discapacidad, con garantías para las personas beneficiarias, sus familias y las instituciones que brindan prestaciones.




