La diputada nacional Fernanda Miño (Unión por la Patria) cuestionó la reciente decisión de la Corte Suprema vinculada al DNU 70/23 y manifestó su preocupación por los efectos de la medida sobre la Ley de Tierras.
El máximo tribunal dejó sin efecto una decisión judicial que impedía la aplicación del artículo 154 del DNU 70/23, norma que derogó la Ley de Tierras Rurales. La resolución volvió a poner en el centro del debate las restricciones para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
En este contexto, distintos bloques opositores de la Cámara de Diputados formalizaron un pedido de sesión especial para el próximo 15 de octubre, a partir de las 14, con el objetivo de tratar el rechazo del DNU 70/23. El pedido lleva la firma de 32 diputados de distintos espacios políticos.
El decreto ya había sido rechazado por el Senado en marzo de 2024, pero todavía no recibió un rechazo de la Cámara de Diputados. De acuerdo con la Ley 26.122, el rechazo de ambas Cámaras es el mecanismo que produce la derogación de un DNU.
Miño anticipó movilizaciones
Frente a este escenario, Miño anticipó que sectores opositores y organizaciones sociales se encuentran preparando manifestaciones para los próximos días.
“Es muy difícil, es algo que nos llena de tristeza”, expresó la legisladora al referirse a la situación generada tras la decisión judicial. También sostuvo que distintos sectores que se habían manifestado contra el DNU se encuentran organizando nuevas acciones.
“Estamos armando diferentes manifestaciones para la semana que viene”, señaló.
La diputada también fue consultada sobre las posibilidades de reunir los votos necesarios para avanzar con el rechazo del decreto en la Cámara baja. En ese sentido, planteó dudas sobre las negociaciones parlamentarias y cuestionó la posibilidad de que el apoyo de algunos legisladores pueda definirse durante el debate.
“Esto se ve en algún momento, comienza a recorrer la billetera a último momento, como cualquier otra ley que se ha presentado”, afirmó.
Miño vinculó además el debate con otras problemáticas que atraviesan al país y manifestó su preocupación por cuestiones como la pobreza, el narcotráfico y el funcionamiento de las instituciones democráticas.
La discusión sobre el DNU 70/23 continuará ahora en el Congreso, donde los distintos bloques deberán definir sus posiciones de cara a la sesión solicitada para el 15 de octubre. Si ambas Cámaras rechazaran el decreto, la Ley 26.122 establece que esa decisión implica su derogación.
