Según se pudo saber, la coalición opositora no tiene los votos para convertir en ley el proyecto proveniente de la Cámara baja, y en cambio el oficialismo estaría mejor perfilado para firmar dictamen de mayoría y luego hacer valer la superioridad numérica en el recinto, en base a una iniciativa que mantiene los tres años de duración de los contratos con indexación semestral de los precios de los alquileres conforme indicadores fijos.
Tras escuchar durante la jornada de este miércoles la opinión de referentes de colegios inmobiliarios, de asociaciones de propietarios, martilleros públicos y desarrolladores urbano, el plenario de las comisiones de Legislación General y Presupuesto volverá a reunirse este jueves para escuchar la voz del sector de los inquilinos y luego pasar a la firma de los dictámenes.
El debate
Luego de unas palabras introductorias del presidente de Legislación General, Daniel Pablo Bensusán, abrió la ronda de oradores Virginia Manzotti del Consejo Federal de Colegios inmobiliarios, quien alertó sobre el retiro masivo de viviendas del mercado de alquileres producto de la incertidumbre vinculado al posible cambio regulatorio.
"A través de un centro de estadísticas inmobiliarias podemos comprobar que hay un 47% de inmuebles que se han retirado del mercado", indicó, y advirtió que "hay muchísimos inquilinos que no tienen vivienda y que no saben donde van a ir a vivir".
Manzotti explicó que las insinuaciones de algunos dirigentes nacionales respecto a una posible derogación de la norma vigente provocó que "muchos propietarios frenaran sus contratos" y esperaran.
La misma situación se repitió con la media sanción en Diputados, que generó "un retiro muy importante de alquileres porque (los propietarios) están esperando la resolución del Senado de la Nación".
"Queremos que sea una ley lo más justa que se pueda", afirmó, y apeló a "la celeridad para que pronto tengamos una solución".
"O por sí o por no, pero estamos en un vacío que provoca que los propietarios sigan esperando y saquen sus inmuebles. Esto se está agravando cada vez más", lamentó Manzotti, que detalló que desde mediados del 2021 hasta la actualidad el aumento promedio de los alquileres fue del 232%.
En la misma sintonía, el presidente de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina, Emilio Caravaca Pazos, advirtió que "la media sanción en Diputados ha generado una situación de total incertidumbre en propietarios e inquilinos, por lo que hizo un "llamado a la celeridad en el tratamiento de este tema" por "la urgencia que requiere" resolverlo.
"Es importante dar celeridad, establecer los cambios que sea necesarios para poder lograr una ley que cubra y contemple las necesidades de la partes pero que tenga en cuenta la que se generó con la ley actual. Hemos expuesto que si cada doce meses o 14 meses hay que hablar del tratamiento de la ley, evidentemente algo no está funcionando y está generando un perjuicio en la sociedad", reflexionó.
A continuación intervino la vicepresidenta del interbloque del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, quien le preguntó a Caravaca Pazos si estaba de acuerdo con la propuesta contemplada en la media sanción de Diputados de cobrar alquileres adelantados a los inquilinos.
El dirigente inmobiliario le contestó que esa situación "está contemplado como posibilidad y no como exigencia".
No conforme con la respuesta, la kirchnerista mendocina le retrucó que en los contratos de alquileres ese pago adelantado "no es algo que el inquilino tenga la fuerza para negociar", por lo que en la práctica se va a terminar cobrando.
Por otra parte, la senadora oficialista le preguntó si el retiro de viviendas del mercado no está relacionado directamente con la proliferación de la oferta de alquileres temporarios que "no están regulados".
Al respecto, Caravaca Pazos respondió según un relevamiento que realizaron desde la entidad que preside los alquileres temporarios "representan un porcentaje muy pequeño".
"Tiene que ver con determinadas zonas y ciudades que pueden tener una receptividad turística diferente. Tienen incidencia en zonas determinadas, acá hablamos de leyes nacionales", amplió.
Momentos después, tomó el radical riojano Julio Martínez quien aseguró que "el sistema de alquileres es un desastre y ocho millones de personas están en problemas".
"Las leyes son de acuerdo al momento. Esta ley que hoy tenemos, en un país normal sin inflación sería ideal. No en el país este que ustedes están gobernando y que nos llevan al 150% de inflación, no se puede", esgrimió, cargando contra el oficialismo.
"Quizás con un nuevo gobierno se puede volver con esta ley, pero si no ven que estamos haciendo daño a los inquilinos que ustedes dicen defender, pero los dejamos a la deriva porque nadie les hace contratos a tres años ni actualizaciones cada año, entonces el inquilino termina yendo a uno temporario, en dólares. El 80% de los contratos son en dólares", concluyó el senador de Juntos por el Cambio.
A su turno, el presidente de la Cámara Empresaria Desarrolladores Urbanos (CEDU), Damián Tabakman, enfocó en otro aspecto que guarda relación con este vacío que genera la falta de cumplimiento de la ley vigente.
"Al tener incertidumbre respecto de la ley de alquileres, no se están comprando departamentos en pozo y quizás esto no sea un inconveniente inmediato, pero a mediano y largo plazo, si no se construye, va a haber menos oferta aún", apuntó.
Por su parte, el presidente del Colegio Profesional de inmobiliarios de Córdoba (CIP), Alejandro Hadrowa, se mostró partidario de avanzar con la media sanción de Diputados, y si bien remarcó que "quizás no sea la mejor ley", resulta necesario "una definición porque se está desequilibrando demasiado el mercado".
"Si dejamos la actualización cada cuatro meses, muchos que se trasladaron al mercado temporario volverán al mercado anual", señaló como uno de los puntos a favor de la iniciativa opositora.
La modificación de la Ley 27.551 que llega con media sanción de Diputados, que la oposición logró imponer dos semanas atrás con una mayoría ajustada de votos, propone reducir a dos años la duración de los contratos, con indexación cuatrimestral de los precios (hasta tres actualizaciones por año) y deja liberado al acuerdo entre las partes el parámetro que se tome para efectuar esos ajustes, pudiendo elegir a tales efectos el índice de precios al consumidor (IPC), el índice de precios mayoristas (IPM) y/o el índice de salarios (IS), elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), o una combinación de dichos índices.
Uno de los puntos que el Frente de Todos no está dispuesto a negociar tiene que ver con los tres años de duración de los contratos que consagra la ley actual.
La presidenta del bloque de Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, planteó durante el debate que volver a los dos años de plazo solo contribuiría a generar inestabilidad en las familias de inquilinos, impidiéndoles la posibilidad de desarrollar sus proyectos de vida.
Desde el oficialismo también cuestionan la habilitación para que los propietarios puedan exigir a los inquilinos pagos anticipados, el tratamiento similar a las viviendas respecto de los contratos de locales comerciales (donde consideran que no hay conflictividad), y la falta de una referencia para establecer los montos de los alquileres.
