El acuerdo fue rubricado este viernes por el ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García; el presidente de la Suprema Corte, Federico Otaola; y el gerente general de la SRT, Fernando Gabriel Pérez.
Según se informó oficialmente, el objetivo central es consolidar políticas públicas que prioricen la prevención y la protección integral de los trabajadores de la provincia.
Prevención y coordinación institucional
El Convenio Marco establece líneas de trabajo conjunto entre el Poder Ejecutivo provincial, el Poder Judicial y el organismo nacional.
Entre los ejes acordados se destacan la promoción de una cultura de prevención en los ámbitos laborales y el fortalecimiento de las capacidades técnicas de funcionariado, operadores judiciales, equipos técnicos y municipios.
También se apunta a mejorar el acceso a la información y a la justicia en materia de riesgos del trabajo, con procedimientos más ágiles y transparentes.
Capacitación y modernización
El acuerdo prevé la implementación de planes de capacitación, intercambio de información y acciones conjuntas de prevención.
Asimismo, se impulsarán campañas de difusión de derechos y buenas prácticas vinculadas a la salud y seguridad en el trabajo.
Otro de los puntos centrales es el diseño de herramientas para despapelizar y modernizar la gestión de los casos, con el objetivo de hacer más eficiente el tratamiento de accidentes y enfermedades laborales.
Protección de derechos laborales
Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la firma del convenio reafirma el compromiso con el trabajo registrado y la protección social.
La articulación entre la Provincia, el Poder Judicial y la SRT busca reducir conflictos, acelerar trámites y garantizar que las y los trabajadores cuenten con respuestas institucionales oportunas.
Con este acuerdo, Jujuy avanza en una estrategia coordinada para fortalecer la prevención de riesgos laborales y mejorar el funcionamiento del sistema, en un contexto donde la seguridad en el trabajo se posiciona como una política pública prioritaria.