Llanes explicó que a las 16.30 estaba prevista la continuidad de la mesa de trabajo, con la expectativa de obtener dictámenes pendientes vinculados a personerías jurídicas que, según señaló, la Secretaría de Pueblos Indígenas “se empecina en negar”. En ese sentido, afirmó que “vemos un entorpecimiento injustificado por parte de la Secretaría, quien lejos de cumplir con su función, lo único que hacen es dilatar y complicar la situación de algunas comunidades”.
La letrada mencionó específicamente los casos de las comunidades de Agua Blanca, Soledad y Mal Paso, donde denunció intentos de usurpación de territorios comunitarios. Según indicó, “están teniendo intrusión y se han intentado usurpar territorio comunitario y la policía, lejos de avanzar o de cuidar, proteger la zona, es como que deja zona liberada”. Estas situaciones, agregó, ya fueron denunciadas ante el Ministerio Público Fiscal, con una ampliación presentada el 31 de diciembre de 2025 debido a la “cantidad alarmante de denuncias”, que incluyen agresiones y amenazas a integrantes de las comunidades.
Llanes sostuvo que la demora en otorgar personerías jurídicas, realizar relevamientos territoriales y avanzar con la entrega de títulos comunitarios genera incertidumbre y malestar. “La dilación innecesaria y injustificada (…) entorpece y genera una incertidumbre y un malestar a todas las comunidades”, afirmó, al tiempo que remarcó que, más allá de la reunión prevista, “las comunidades no van a dar un paso atrás”.
En la entrevista también se refirió al rechazo de las comunidades a la actividad minera y a la reciente creación de un Ministerio de Minería en la provincia. Según expresó, esa decisión “lejos de solucionar los problemas que existen con las comunidades respecto al territorio, están fomentando a las empresas extractivistas”. Y remarcó que el reclamo se centra en la defensa del territorio, el medio ambiente y el agua.
Respecto a las actividades previstas para este viernes, Llanes informó que las comunidades realizarían una asamblea y luego una marcha hacia el Ministerio Público de la Acusación para exigir avances en las causas contra la Secretaría de Pueblos Indígenas y en otros expedientes que, según denunció, “vienen dormidos”. También señaló que se trata de una movilización simbólica para concientizar sobre el cuidado del agua y el impacto ambiental de las actividades extractivas.
Finalmente, la abogada insistió en la legitimidad de los reclamos y en el carácter ancestral de las comunidades presentes. “Todas las comunidades que están acá son comunidades reales, no son punteros políticos”, afirmó, y recordó la vigencia del artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional. En ese sentido, concluyó que “Las comunidades no van a dar ni un paso” y que continuarán con las medidas de visibilización y reclamo hasta obtener respuestas concretas.