Según denunciaron, los trabajadores sufrieron descuentos importantes en sus sueldos, algunos equivalen a 110 mil pesos.
Cabe destacar, que en el mes de junio del 2023, el gobierno junto con los sindicatos firmaron un convenio que reivindicaba la labor del preceptor "recordatorio de horario extendido", el cual tenía contabilizada 18 hs de trabajo, y en el mes de enero volvieron a cobrar 15 hs, es decir que se violó el acta firmada el 5 de junio.
“El acta paritaria de junio fue reconocimiento histórico a los preceptores, es un derecho adquirido, reconocido y admitido por el Estado en sus propios memorándum venían cobrando 18 hs cátedras hasta diciembre, y en el mes de enero volvieron a cobrar 15hs, se produjo una violacion al acta firmada”, enfatizó Mercedes Sosa.
“Nos dieron a conocer la resolución emitida del 26 de diciembre, resolución 022, “Solo van a cobrar la 8va hora solo aquellos que cumplan 6 hs reloj”, los diseños curriculares no contemplan tal cantidad de horas”, expuso la Secretaria.
“Es repudiable que el gobierno de la provincia, que en este momento el gobernador es Sadir, pero que era el Ministro de Hacienda que de su puño y letra firme un acta paritaria, y que en estos momentos se retrotraiga”, continuo la secretaria que está al frente del CEDEMS.
Otra de la situación que fue expuesta por los secretario fue la falta de diálogo con el gobierno, “También venimos pidiendo paritarias en un contexto inflacionario, donde dio un 30% de inflación, tenemos el sueldo congelado desde el mes de noviembre, venimos pidiendo paritarias, y la respuesta es un recorte salarial, que ha representado en algunos casos 110.000 pesos, es terrible lo que hicieron, porque la gente proyecta su vida en función de lo que cobra”.
“Vamos a realizar las presentación del caso en el orden jurídico y también vamos a realizar acciones gremiales a riesgo de que podamos ir presos por protestar, por un derecho que ya estaba adquirido, lamentamos también la ola represiva, donde tienen preso a dos personas que twittearon, donde en Tilcara destruyeron las viviendas a las familias, el caso de Caspala, se trata de delincuente a toda aquellas personas que protestan, en un contexto económico y en una situación donde uno defiende lo que le corresponde, porque todos tenemos derecho a vivienda, salud y a un salario digno”, sentenció la Sosa.
