Un nuevo foco de conflicto se desató en la zona de la vieja terminal de San Salvador de Jujuy, donde una vendedora ambulante decidió encadenarse en su lugar de trabajo para impedir ser desalojada por inspectores municipales. La protagonista es Doña Angélica, una mujer con discapacidad que afirma que la venta de bollos es su única fuente de ingresos.

La comerciante, que lleva más de cinco décadas instalada en las inmediaciones del mercado sobre calle Zegada, denunció que en las últimas semanas fue presionada por autoridades de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy para abandonar el espacio que ocupa históricamente.

Según su testimonio, cuenta con los permisos municipales correspondientes e incluso participó del último empadronamiento realizado hace pocos meses, en el cual figura ese sector como su lugar habilitado de trabajo. Sin embargo, relató que inspectores se presentaron recientemente en el lugar, “acorralaron” a los vendedores y les comunicaron que a partir de esta semana no podrían continuar con la actividad.

La medida provocó una reacción inmediata de la mujer, quien optó por encadenarse como forma de protesta ante lo que considera una decisión injusta que pone en riesgo su sustento diario. Además, dejó entrever que detrás del posible desalojo podría existir la intención de liberar el espacio para otros fines, ya sea cederlo a otro comerciante o reorganizar la circulación en la zona.

El caso generó indignación entre vecinos y transeúntes, que expresaron su apoyo a la vendedora y cuestionaron el accionar de los controles municipales. La situación también reaviva el debate sobre el trabajo informal, la regulación del espacio público y el impacto de estas medidas en sectores vulnerables.

Mientras tanto, el conflicto sigue abierto y se espera una respuesta oficial que permita encauzar la situación sin afectar el derecho al trabajo de quienes dependen de estas actividades para subsistir.