La medida fue oficializada mediante el Decreto 787/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, que deja sin efecto el Decreto 2417/1993. Hasta ahora, las escuelas privadas debían comunicar a las familias los montos de matrícula y cuotas antes del 31 de octubre de cada año, y obtener el acuerdo de los padres o tutores para que los nuevos valores fueran validados por las autoridades nacionales.
El Ejecutivo argumentó que el régimen vigente “presentaba limitaciones y requerimientos que dificultaban la adaptación de los institutos de enseñanza privada a las realidades educativas y económicas del país”. Según el texto oficial, la intervención estatal generaba efectos contraproducentes, ya que obligaba a las instituciones a fijar cuotas más elevadas de lo necesario por temor a no poder cubrir costos sin aprobación previa.
La administración de Javier Milei sostuvo que la desregulación permitirá a los colegios privados ajustar sus precios en función de la realidad económica y los costos operativos, garantizando el principio de libre contratación. Al mismo tiempo, señaló que el esquema anterior podía derivar en una precarización de la calidad educativa, al impedir que los establecimientos respondieran con rapidez a las variaciones en salarios, insumos y gastos de funcionamiento.
La decisión abre un nuevo escenario en el sistema educativo privado, donde las familias deberán afrontar cuotas definidas directamente por cada institución, sin intervención estatal. El Gobierno asegura que esta libertad favorecerá la competencia y la adecuación de los precios al mercado, aunque persisten interrogantes sobre el impacto que tendrá en la accesibilidad y en la previsibilidad para los hogares.
Con información de: Infobae