Mamaní quedó con daños neurológicos y luego de haber sido intervenido quirúrgicamente en el hospital Pablo Soria retornó a San Pedro de Jujuy donde reside y se encuentra a la espera de su traslado al Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich para continuar una serie de estudios especiales.
La Asociación Gremial de Abogados se hará cargo del traslado de Mamaní, como también de la estadía mientras dure el tratamiento médico con especialistas del Hospital Argerich.
Desde los legal, la Asociación Gremial de Abogados de la República Argentina dio a conocer en las últimas horas un duro comunicado con relación al caso Mamaní y sostuvo que "las consecuencias dolorosas de la represión en Jujuy seguirán por mucho tiempo" y advirtió que "los y las colegas siguen batallando contra semejantes atrocidades".
Este es el comunicado completo
"Como todos saben, el 20 de junio pasado en la zona Legislatura de Jujuy hubo grandes protestas debido a la aprobación de una reforma parcial de la Constitución Provincial que no respetó los plazos ni permitió la participación de diversos actores sociales. Durante el proceso de reforma, no se publicaron los detalles de los artículos que afectan el derecho a la protesta de trabajadores, organizaciones sociales, políticas y sindicales. Además, no se garantizó el acceso a la información ni la participación pública para definir regulaciones ambientales. La reforma incluía disposiciones sobre el régimen de aguas y autorizaciones para actividades ambientales sin previa consulta a los pueblos indígenas.
Estas acciones como es lógico en la Historia Argentina y en la Historia del Pueblo Jujeño, generaron protestas en varios puntos de la provincia, en particular en San Salvador de Jujuy, donde la Policía el feriado 20 de junio reprimió brutalmente a los manifestantes con balas de goma, gases lacrimógenos y golpes, dejando un número significativo de heridos y detenidos.
Uno de los manifestantes gravemente herido fue Nelson Mamaní, quien recibió el impacto de un tubo de gas lacrimógeno que le provocó no solo traumatismo de cráneo sino también hundimiento del mismo.
En el vídeo se ve claramente a Nelson cuando es atacado por la espalda con clara intención de matarlo.
Mamaní debió ser intervenido de manera urgente en el Hospital Pablo Soria.
El Hospital Soria llegó a parecerse a una delegación policial: personal médico que interrogaba a los presos que llegaban heridos. Policías de civil y de uniforme que impedían los ingresos, y actitudes que tienen que ver con las miserias humanas que surgen en tiempos de represión violenta y de subordinación a empleos estatales.
A los jóvenes abogados de la organización de solidaridad ALFA se les negaba todo tipo de información.
Finalmente la causa recayó ante la Fiscalía del Dr. Diego Ignacio Funes del Ministerio Publico de la Acusación de la Provincia de Jujuy.
Acá aparece y se evidencia lo que la Gremial viene agitando desde el inicio de su existencia, casi en absoluta soledad hace algunos años, y no tanto ahora.
El Fiscal Ignacio Funes y los funcionarios del Ministerio Público de la Acusación responden al Gobernador Morales. Son empleados de Morales y son compañeros de trabajo de la policía jujeña.
Así como en otras provincias de signos políticos distintos ocurre exactamente lo mismo.
De manera que el Fiscal Funes en su carácter de subordinado a Morales no ha dejado de poner piedras en el camino a nuestros jóvenes colegas y compañeros.
Los hechos objetivos y concretos, solo viendo los videos, nos dicen a nosotros, a la Gremial de Abogados y Abogadas, dos o tres cosas puntuales.
1- que el efectivo que agredió a Mamaní es relativamente sencillo de ubicar.
2- que la acción del preventor constituiría el delito de tentativa de homicidio agravada por alevosía y por ser el autor un funcionario público.
3- que siguiendo la cadena de mando (como se hace en los delitos de Lesa Humanidad) no es sólo el autor cercano el responsable, hay responsabilidad mediata.
Pero estas cosas son para las Facultades de Derecho, para los seminarios y charlas en ambientes muy cómodos.
En la vida real, y el la Justicia real jamás ocurren.
Lo concreto es no hay en la Fiscalía jujeña una investigación seria de los hechos de represión contra Nelson Mamaní, quien fue víctima de unos los casos más graves que dejó como saldo el proceder policial artero, cobarde y alevoso que todos vimos esta semana en la Provincia de Jujuy, en el que no se protegieron ni garantizaron los derechos a la libertad ambulatoria y seguridad personal, integridad física y vida, en el marco del ejercicio del derecho a la protesta, vulnerando la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos.
Tenemos así estas dos situaciones tal cómo la Gremial viene agitando: una cosa sin los derechos en el papel y otra en la vida concreta.
La Gremial apoyará con todo lo que tiene a la familia y a los jóvenes colegas que batallan contra las puertas cerradas de la Fiscalía que pretenden investigar los hechos como "lesiones culposas".
Hay una diferencia inmensa entre intentar matar a alguien y herirlo sin intención.
La Fiscalía les dice en la cara a nuestros colegas que "no puede identificar al autor". Sin embargo la Fiscalía ha identificado 1500 manifestantes. Y no puede identificar al efectivo entre 2000 policías afectados.
Cuándo se trata de justificar todo argumento es válido, ya que solo vale para ellos.
Denunciamos expresamente la complicidad del Fiscal Diego Ignacio Funes por su complicidad con la fuerza policial para cubrirla y protegerla.
Mamaní debera ser trasladado a Buenos Aires a ser atendido en un establecimiento de alta complejidad.
No será sencillo romper esos muros judiciales, pero hay que intentarlo.
Los jóvenes colegas jujeños (y nosotros a disposición) no dejaremos nada por hacer."
