A pesar de pregonar la libre competencia de mercado, el gobierno de Javier Milei se muestra reticente a recibir las cámaras que nuclean a la medicina prepaga e investiga la existencia de un pacto ilícito entre las empresas para fijar precios de venta. De confirmarse la hipótesis, prometen que avanzarán por la vía judicial “hasta las últimas consecuencias”.
