La Fiscalía Especializada en Delitos contra la Administración Pública N° 2, a cargo del Dr. Diego Funes, pidió que se cite a juicio a los imputados Milagro Sala, Raúl Noro, Gladis Díaz, Mirta Rosa Guerrero, Fredy Tito, Marcos Quispe, José Choque, Ivana Mamani Urrieri, Claudia Trenque, Juan Antonio Trenque, Leonardo Trenque, Juan Carlos Valero, Sergio Chorolque Sala, Claudia Chorolque Sala, Luís Emanuel Tito, María Belén Tito y Eva Vilte, acusados de ser los presuntos coautores del delito de “Lavado de activos".
Según la investigación, los acusados habrían lavaron más de 200 millones de pesos -en montos actualizados a la fecha-, con los cuales compraron inmuebles, vehículos, terrenos, y tecnologia necesaria para montar un estudio de televisión y radio.
Los hechos que investiga el MPA
Todos los acusados realizaron importantes transacciones con dinero proveniente de los fraudes al Estado perpetrados por la Asociación Ilícita que comandaba la dirigente Milagro Sala. "Esas transacciones tuvieron como único fin disimular u ocultar el origen espurio de los caudales monetarios", indicó.
Los delitos precedentes, en este caso los sucesivos fraudes al Estado, tienen que ver con las causas conocidas como “Pibes Villeros” (Exptes. Nº P-129652/16 y P-131072/16, actualmente con condena y con un Recurso de Queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación) y la denominada “Megacausa” (Expte. Nº P-140750/16, actualmente con Requerimiento de Citación a Juicio).
El esquema diseñado para apoderarse ilícitamente de fondos públicos provenientes de los programas para construcción de viviendas Mejor Vivir II (causa conocida como Pibes Villeros) y programa de integración socio-comunitario (causa conocida como Megacausa) como diferentes etapas en las que se develó el funcionamiento de una asociación ilícita, constituyeron los delitos precedentes y fueron la causa eficiente para organizar un esquema de lavado de activos, que fue lo que se investigó en esta causa (Expediente Nº P-169019-MPA y su acumulado, Expediente Nº P-150068-MPA).
El fiscal Funes requirió el inmediato secuestro para posterior decomiso de los bienes "que han sido objeto del lavado de activos".
